Insólita licitación: Slep Magallanes comprará una resma de papel a $11.000 cuando cuesta unos $5.700 en promedio

Entre $4 mil 950 y $6 mil 500 puede costar comprar por internet una resma tamaño oficio; sin embargo, el Servicio Local de Educación Pública de Magallanes la adquirirá a $11 mil 388. Una situación similar ocurre con un lápiz grafito, que el sostenedor educacional comprará a $321, cuando su valor es de $148. Incluso la clásica cartulina naranja para carpetas y trabajos la adquirirán a $930, siendo que en una librería una unidad no supera los $253.

Sin embargo, en vez de gastar más de $79 mil en una anilladora metálica, solo desembolsarán $8 mil 091. El mismo ahorro se logrará a la hora de adquirir un juego de 12 pinturas acrílicas de 350 ml, cuyo valor supera los $87 mil, pero que consiguieron en $16 mil, IVA incluido.

Estas cifras surgen de comparar las ofertas presentadas en la licitación pública del Slep Magallanes para el suministro de material fungible: los insumos que se gastan con el uso diario en una sala de clases, como papel, lápices, cartulinas y pegamento. La lista abarca 918 productos, desde esos artículos básicos hasta anilladoras y pinturas acrílicas.

El presupuesto estimado fue de $490 millones y la recepción de ofertas cerró el 19 de junio pasado.

Cinco empresas postularon. Al sumar el precio de una unidad de cada producto, la oferta de Tagua SpA resultó ser la más baja: $2.454.531, frente a $2.719.197 de Comercial Barso, $2.904.065 de Redoffice XII, $3.015.294 de la librería Vickery y $4.868.430 de Inversiones Gallardo Israel SpA.

Según las respuestas del foro de consultas, el Slep evaluó el valor total de la oferta y adjudicó todo a un solo proveedor, sin informar cuántas unidades compraría de cada producto.

Esa forma de medir las ofertas, sumando el precio unitario de cada producto sin conocer cuántas unidades se comprarán de cada uno, es el origen de la denuncia. Para los hermanos Iván y Boris Stipicic, socios de la librería Vickery, que el Slep no informara los volúmenes de compra permitió que un precio muy bajo en un artículo de poco uso pesara en la evaluación lo mismo que uno alto en un artículo que se compra por miles.

En agosto pasado, los Stipicic presentaron ante la Contraloría General de la República una denuncia en la que solicitan una fiscalización especial de la licitación. En el texto señalan que las diferencias de precio, por sí solas, no configuran una infracción, y piden que el ente fiscalizador determine si la evaluación fue objetiva, razonable y suficientemente fundamentada, y si la adjudicación respetó el principio de “valor por dinero”.

Más allá de la evaluación objetiva, los hermanos Stipicic exigen que se revise la legalidad de la adjudicación, el trabajo de la comisión evaluadora y los precios unitarios ofertados. También solicitan que se verifique si los funcionarios que intervinieron declararon la ausencia de conflictos de interés y que se evalúen medidas preventivas sobre la ejecución del contrato mientras se aclaran los hechos.

Boris Stipicic, en conversación con El Magallanes, asegura que el caso será revisado por la Contraloría nacional y no por la regional, por su envergadura.

Ambos hermanos se adjudicaron durante 2025 la licitación para proveer de útiles a los colegios públicos de la región. Stipicic relata que, en dicho proceso de adjudicación, se informó el monto por producto requerido.

Artículos de poco uso

Boris Stipicic, con el listado en mano, muestra que su librería, Vickery, ofertó precios más bajos en productos de mayor uso que la empresa que se adjudicó el contrato. Sin embargo, en los artículos de menor salida, Tagua redujo bruscamente sus precios en comparación con Vickery.

Según el listado de los 918 productos requeridos por el Slep, la librería de Stipicic tuvo precios más bajos en lápices, cartulinas, carpetas, cartón piedra, cola fría, goma eva, estuches, lápiz pasta azul, plumones de pizarra, entre otros.

Sin embargo, Tagua presentó mejores precios en artículos como sets de geometría de pizarra, porcelana fría de 500 gramos y pliegos de papel murillo de distintos colores. La diferencia más abismal entre Vickery y Tagua está en la plastificadora tipo Venus 2 a 3 Fellowes, que la librería magallánica ofertó en $117 mil, mientras que Tagua la ofreció a $10 mil 581.

Para Stipicic, lo más escandaloso está en la resma de papel oficio, ya que él la ofertó a $4 mil 986, IVA incluido, mientras que Tagua la ofreció a $11 mil 380.

Si el Slep comprara una sola resma de papel oficio por cada uno de sus cerca de 17 mil estudiantes, con Vickery gastaría unos $84,8 millones, mientras que con Tagua desembolsaría $193,5 millones. La diferencia alcanzaría los $108,7 millones.

Otro reclamo

Stipicic no es el único que reclamó. Marlene Sofía Soto Coligiones, de Comercial Barso, otra de las empresas que postularon, presentó un reclamo administrativo ante el Slep para que se dejara sin efecto la Resolución Exenta que adjudicó la licitación a Tagua. Barso quedó segunda, con un total ofertado de $2.719.197, un 10,8% por sobre el de la empresa ganadora.

El 6 de agosto, el entonces director ejecutivo (s) del Slep, Jorge Valdés Orostica, rechazó el reclamo.

Sobre la alegación de que la oferta de Tagua era “riesgosa o temeraria”, el Slep respondió que el reglamento de la ley contempla un mecanismo de análisis cuando hay antecedentes objetivos de que una oferta compromete el cumplimiento del contrato, pero que no vio elementos suficientes para llegar a esa conclusión.

Argumentó que la diferencia con la segunda oferta más económica es cercana al 10%, que la empresa presentó todos los antecedentes exigidos y acreditó la experiencia que piden las bases. Agregó que el hecho de que algunos productos tengan valores inferiores a los de otros oferentes no basta, por sí solo, para calificar la oferta de temeraria, pues la evaluación económica recayó sobre la oferta global y también hay productos ofertados por sobre los valores de la competencia.

Detalles de la licitación

Para participar, las empresas no podían omitir un solo artículo de los requeridos, ya que eso las dejaba inadmisibles. También debían presentar una garantía de seriedad de la oferta por $4,9 millones (1% del presupuesto) y comprometer un plazo de entrega no superior a 25 días corridos.

Las ofertas se evaluaron sobre 100 puntos, con seis criterios. La oferta económica pesó 40% y se calculó dividiendo el precio mínimo ofertado por el del oferente. La experiencia en el mercado y el plazo de entrega valieron 20% cada uno. La experiencia se midió con órdenes de compra o contratos emitidos desde 2019. El 20% restante se repartió entre el cumplimiento de requisitos formales (10%), el Sello Empresa Mujer (5%) y la existencia de un programa de integridad (5%).

Las órdenes de compra se emiten de forma parcializada, según lo que requiera cada establecimiento, y el proveedor no puede exigir montos mínimos. Las bases fijan multas de 1 UTM por día de atraso en la entrega y de 1 a 3 UTM por despachar productos que no cumplan lo pedido.

¿Quién es Tagua SpA?

Tagua SpA es una empresa con domicilio en Lo Barnechea, Región Metropolitana, dedicada a la venta de artículos de papelería y escritorio. Según el Registro de Empresas y Sociedades, se constituyó el 15 de enero de 2024 con un capital de $1 millón, dividido en 100 acciones. Sus dueños son Nicolás Bulnes Labra y Sergio Hevia Valdivieso, con 50 acciones cada uno, y su gerente general es María Ignacia Hevia Valdivieso.

Su primera adjudicación fue para proveer material fungible a la Fundación Integra, el 16 de febrero de 2024, un mes después de haberse constituido.

Según los registros de adjudicaciones de Mercado Público recopilados por el portal Todo Licitaciones, Tagua registra 84 licitaciones entre el 16 de febrero de 2024 y el 12 de agosto de 2026, con al menos 44 organismos compradores distintos. Entre ellos hay varios Slep, la Junji, la Dirección de Logística de Carabineros, universidades públicas como la de La Frontera y la de O’Higgins, y municipalidades como Coquimbo, Iquique y La Pintana. Los montos por contrato van desde $600 mil hasta $800 millones. El producto que más vende al Estado son los computadores.