Extienden hasta el 15 de noviembre plazo para que familias de villa Las Etnias abandonen la toma

Diálogo y concordia es lo que hoy prima al interior de la secretaría regional ministerial de Vivienda y el Serviu, al cumplirse el plazo fatal establecido para los habitantes de la toma villa Las Etnias, la cual debería haber sido desalojada este lunes.

Sin embargo, tras la intervención del obispo de Punta Arenas, Oscar Blanco Martínez, el trabajo realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el acercamiento de posiciones entre el seremi de Vivienda, Rodolfo Guajardo, y los dirigentes de la toma, se desencadenó un aumento en el plazo que tendrán los habitantes de esta ocupación irregular para desmontar sus viviendas y hacer abandono de este sitio emplazado al norponiente de la villa Cardenal Raúl Silva Henríquez.

La decisión fue comunicada en horas de la tarde de ayer por un tranquilo seremi de Vivienda, quien compareció ante los medios de comunicación para explicar la determinación.

En horas de la mañana de ayer, Guajardo, junto a equipos del Serviu, se reunió con la dirigenta de la toma, Mónica Rivera, para acercar posturas. El titular de Vivienda explicó que el plazo se extendió hasta el 15 de noviembre, con el fin de dar margen a las personas para desarmar sus propiedades y en respuesta a las cinco solicitudes de extensión de plazo recibidas. “Vuelvo a manifestar nuestra gratitud con las personas que se están retirando de manera voluntaria sin generar ningún tipo de inconveniente. Así que en esa línea nosotros vamos a seguir trabajando”, agregó.

Hasta ayer, más de 20 familias habían hecho abandono del recinto. Un equipo de La Prensa Austral pudieron presenciar cómo algunas ya comenzaron a desmontar sus propiedades, mientras otras siguen sacando sus enseres para trasladarse a los lugares donde consiguieron arriendos. En la toma quedan 63 familias, según los catastros del Serviu Magallanes.

“Si se les ha manifestado que esto sea de manera pacífica, obviamente que nos sirve a todos”, agregó Guajardo, quien sí insistió en que, desde ayer, el gobierno está facultado para hacer uso de la fuerza.

El anuncio de desalojo tiene sus orígenes en los últimos días de marzo de este año, cuando el ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó esta situación en conversación con La Prensa Austral. En dicha oportunidad, se manejaba abril como plazo fatal; sin embargo, este se extendió hasta terminado el invierno.

A mediados de agosto se determinó comenzar con el desalojo de la toma Lautaro, contigua a villa Las Etnias, y el pasado 17 de septiembre los habitantes de Las Etnias recibieron la notificación para hacer abandono del recinto desde el 19 de octubre, con plazo fatal para el uso de la fuerza el 26 de octubre. Según Guajardo, el 31 de diciembre es la meta para tener el terreno completamente desocupado y comenzar con los trabajos de cierre perimetral de la propiedad perteneciente al Serviu.

“Como ustedes saben, nosotros tenemos una fecha límite y esa fecha límite es la que entregó el ministro y es la que nosotros vamos a cumplir”, agregó.

Al ser consultado sobre qué factores incidieron en el cambio de postura de Vivienda, cuyos representantes la semana pasada señalaban que había personas que vivían en la toma y tenían beneficios, y que un grupo estaba presionando a varios habitantes para que no hicieran abandono del terreno, Guajardo respondió agradeciendo “por la reunión de la mañana. Claramente, ella igual me reconoce que hay personas que ahí tienen beneficios. Lo importante es que nosotros trabajemos con las personas que tienen un déficit de vivienda y que necesitan la vivienda”.

Sobre si Vivienda comprobó quiénes tenían o no beneficios sociales, el seremi indicó que se realizaron los levantamientos.

“Yo creo que, esencialmente, es que las personas se dieron cuenta de que esto se va a hacer. Y, al darse cuenta de que se va a hacer, bueno, quisieron, digamos, buscar la mejor opción para salir. Y eso lo están haciendo, hay gente que en forma voluntaria va saliendo”, explicó el director subrogante del Serviu, Homero Villegas, ante este nuevo trato con las personas de la toma.

Beneficios

El seremi recordó que nunca le han negado la ayuda ni el acompañamiento a nadie, pero señaló que la agrupación de vivienda conformada por estos habitantes debe cumplir una serie de trámites para ser válida, entre ellos, que ninguno de sus integrantes cuente con beneficios sociales.

Cierre perimetral

El director subrogante del Serviu, Homero Villegas, confirmó que en los próximos días se publicará una licitación pública para realizar el cierre perimetral del terreno perteneciente al Serviu. Asimismo, indicó que los otros loteos, propiedad de Salfa y del exintendente Mario Maturana, deberán ser cercados por sus dueños una vez que se desocupe el terreno en su totalidad.