Ajustes que requieren fundamentos

La advertencia del Colegio de Profesores de Punta Arenas sobre la eventual reducción de más de 8.500 horas docentes en el presupuesto del Servicio Local de Educación Pública (Slep) Magallanes para 2027 abre una discusión que debe abordarse con responsabilidad, transparencia y, sobre todo, poniendo en el centro las necesidades de los estudiantes.

De acuerdo con los antecedentes analizados por el gremio, la propuesta contempla disminuir las horas docentes de 63.492 a 54.987, una reducción cercana al 13,4%. A ello se sumaría una rebaja de 120 cargos de asistentes de la educación. Son cifras significativas, cuyo eventual impacto sobre el funcionamiento de los establecimientos exige explicaciones claras.

Es comprensible que una proyección de esta magnitud genere inquietud entre profesores, asistentes y comunidades educativas. Sin embargo, también es necesario reconocer que la administración de la educación pública debe contar con herramientas para revisar sus dotaciones, corregir eventuales desequilibrios y asegurar un uso eficiente de los recursos disponibles.

La estabilidad del sistema no puede descansar en mantener indefinidamente estructuras que eventualmente hayan dejado de responder a su realidad. Las variaciones de matrícula, las necesidades de cada establecimiento y la organización de los procesos educativos deben formar parte de una planificación responsable.

Pero una cosa es reconocer la necesidad de administrar adecuadamente los recursos y otra muy distinta es justificar reducciones de personal únicamente a partir de restricciones presupuestarias.

Ese es precisamente el punto central del cuestionamiento formulado por el Colegio de Profesores. Su dirigencia sostiene que el Plan Anual presentado no contiene los fundamentos técnico-pedagógicos suficientes para explicar cómo se determinaron las dotaciones proyectadas para 2027.

De ser así, se trataría de una debilidad que el Slep debe subsanar. No basta con establecer cifras globales de reducción. Es indispensable explicar cómo se resguardarán los planes de estudio, los programas de integración escolar, las necesidades educativas especiales y la continuidad de los proyectos de cada establecimiento.

Tampoco puede ignorarse la experiencia reciente de la educación pública magallánica, marcada por conflictos laborales, dificultades administrativas y episodios que han afectado la confianza de las comunidades escolares. Un nuevo proceso de ajustes, si no es debidamente explicado y consensuado, corre el riesgo de profundizar ese deterioro.

Por ello, la solicitud del gremio de establecer una instancia formal de diálogo, con participación de docentes y asistentes de la educación, merece ser acogida. Una mesa de trabajo puede contribuir a revisar los antecedentes, identificar necesidades reales y buscar alternativas que permitan compatibilizar la sostenibilidad financiera con la calidad de la enseñanza.

La educación pública necesita ordenamiento y una gestión eficiente, pero también certezas y una planificación que considere las particularidades de Magallanes.

Corresponde ahora al Slep entregar esos fundamentos y abrir un diálogo efectivo. Porque administrar responsablemente los recursos es una obligación, pero garantizar que los ajustes no comprometan el aprendizaje y la atención de los estudiantes debe ser siempre la prioridad.