De izquierda a derecha exigen renuncias por rebaja de condena a violador de una menor

La firma por parte del subsecretario de Justicia, Luis Silva, del decreto exento que otorgó una rebaja de 18 meses a la condena de 15 años y un día impuesta a Jorge Silva Ovando por los delitos de violación y abuso sexual de una menor de edad, quien quedó en libertad el pasado 9 de septiembre, en Punta Arenas, generó un rechazo transversal, de izquierda a derecha, en el ámbito político.

 En su mayoría, los consultados coincidieron en que fue un error político por parte de las autoridades del Ministerio de Justicia y que el titular de la cartera, Fernando Rabat, debe presentar su dimisión al cargo.

Derecha regional exige renuncias

“De todo lo que se ha dicho y hecho, ya no queda otra alternativa política que la renuncia de los involucrados”, insistió el consejero regional de derecha Max Salas. “En términos políticos, no veo otra salida más que la renuncia del ministro y de los responsables”, añadió el consejero Rodolfo Arecheta, también de derecha.

“Deberían explicar quién evaluó los antecedentes, quién recomendó otorgar el beneficio y qué posibilidades legales existían para impedirlo”, añadió en tanto el consejero regional republicano Roberto Weissohn, asegurando que “la clase política nos tiene acostumbrados desde hace mucho tiempo a eludir sus responsabilidades. Los responsables deben asumir las consecuencias”.

“La ciudadanía tiene derecho a exigir explicaciones claras y, sobre todo, responsabilidades concretas. No estamos frente a un asunto menor ni a un simple error administrativo que pueda resolverse con una declaración pública”, enfatizó el concejal Germán Flores. “El Presidente de la República no puede dar por superada una situación de esta gravedad únicamente con una explicación o reconociendo que se cometieron errores. Cuando están en juego la confianza pública, la protección de las víctimas y la credibilidad de las instituciones, las responsabilidades deben asumirse con hechos concretos”, expresó.

Oposición calificó de “indignante” y “grave”

“Es indignante y, sobre todo, profundamente doloroso para la víctima y su familia, que ya cargan con un daño que no se borra. Ningún tribunal ordenó esa salida anticipada; fue una decisión administrativa del Ministerio de Justicia”, señaló el concejal Jonathan Cárcamo, quien exige al seremi de Justicia, Cristóbal Fernández, que salga a explicar públicamente su decisión. “Debe explicar públicamente si advirtió que se trataba de un condenado por delitos sexuales contra una niña y si recibió alguna instrucción para tramitar estas postulaciones sin objeciones”.

Para el frenteamplista Arturo Díaz, “estamos frente a un hecho de extrema gravedad, en que el actuar del gobierno demuestra que están tratando con amor a los delincuentes”. “La pregunta que debemos hacernos es si fue un error o forma parte de lo planificado por el gobierno, en el sentido de que también se liberó a sociópatas de Punta Peuco, lo cual casi ha pasado desapercibido”, agregó el consejero regional, indicando que la responsabilidad del seremi debe ser tratada por separado.

En tanto, el radical Rodolfo Cárdenas indicó que “es una situación lamentable, por la condición de impunidad y, además, porque genera la revictimización de la víctima, debido a la afectación del bienestar de la persona y su familia”, y que las respuestas entregadas por las autoridades de Justicia “no han sido claras ni humanas”.

“Estas autoridades designadas eligieron ellas y sólo ellas rebajar las condenas”, reclamó el consejero regional democratacristiano y exdiputado Juan Morano, añadiendo que “de todas las acusaciones constitucionales conocidas, esta parece como la más pertinente. Diputados y senadores de distintos sectores coinciden en que esto no debió pasar”.