El beso de Judas del Gobierno

Imagine por un momento que usted vive con el miedo metido en el cuerpo. Su barrio es peligroso y en la noche no se puede ni dormir. El guardia que usted mismo contrató para cuidar la cuadra lo mira a los ojos y le jura, por lo más sagrado, que va a reforzar los candados, a poner rejas altas y a sacar los dientes para que nadie entre a hacerle daño a su familia. Usted, cansado de vivir asustado, le cree. Respira aliviado y cierra los ojos.

Pero a mitad de la noche, un ruido lo despierta. Camina calladito hacia el patio trasero y descubre algo que le hiela la sangre: el mismísimo guardia, caminando de puntitas para no hacer ruido, le está abriendo de par en par la puerta de atrás a los mismos delincuentes que antes entraron a la fuerza. No solo les abre; les quita las esposas, les limpia la ropa y les regala las llaves de su casa.

Suena a locura, ¿verdad? Cualquier persona con dos dedos de frente sabe que no sirve de nada cerrar la puerta principal si por la espalda estás dejando pasar al enemigo. Pero esto, que parece una película de terror, es exactamente lo que acaba de pasar en el Ministerio de Justicia de nuestro país.

Mientras el Gobierno sale todos los días en la televisión dándose golpes en el pecho, prometiendo mano dura, militares en la frontera y persecución a las mafias, los papeles reales dicen todo lo contrario. A escondidas, calladitos, las autoridades firmaron decretos para perdonarles los años de cárcel y soltar a más de cien peligrosos traficantes extranjeros. Sí, los mismos que se sumaron a la lista de 54 violadores y pedófilos que ya habían dejado libres, y que hoy nos enteramos de los delincuentes extras libertados.

No estamos hablando de un pobre diablo que robó comida por necesidad. Estamos hablando de criminales atrapados con toneladas de droga, con armas de guerra y granadas listas para matar. Tipos que entraron al país a la mala y que los mismos gendarmes advirtieron que iban a salir a la calle a seguir haciendo daño. El colmo es que el beneficio se firmaba un día y al día siguiente el delincuente ya estaba caminando libre por la calle, importándoles un bledo el sufrimiento de la gente en el norte, en Tarapacá, o en el extremo sur, aquí en Magallanes.

Entonces, ¿para qué nos hacen pagar impuestos? ¿Para qué gastamos millones en perseguirlos si el mismo Gobierno los suelta con un simple timbrazo en una oficina? ¿Qué se siente ser carabinero o detective, arriesgar la vida en la calle pillando a estas mafias, para que después un ministro con un lápiz borre todo tu trabajo?

Esto no es un enredo de abogados. Esto es decencia básica. Cuando en nuestras poblaciones la gente honesta pone los muertos, cuando los niños tienen que dormir en el suelo por las balaceras y las madres viven encerradas por el narcotráfico, el deber del Estado es cuidar a las víctimas, no regalonear a los asesinos.

La pregunta que queda flotando da ganas de llorar de la pura impotencia, porque tiene olor a traición: ¿El Gobierno de verdad quiere protegernos, o nos está cobrando la entrada para ver una horrible obra de teatro mientras nos entrega en bandeja a la delincuencia? La respuesta da escalofríos, porque no está en lo que dicen los ministros, sino en los mismos papeles que firmaron a nuestras espaldas.