Crisis social y lentitud de los procesos
Esta semana comenzó el juicio por el ataque incendiario a las oficinas de AFP Habitat, ocurrido, lamentablemente, en el marco denominado “estallido social”. En días pasados, también se habían estado ventilando en los tribunales otras causas relacionadas con casos de destrozos y violencia callejera.
Esto, cuando faltan pocos días para que se cumpla un año del inicio de un proceso gatillado por el descontento de la gente, la cual salió a las calles en todo Chile para demandar mayor justicia social.
Como en muchos otros momentos cruciales en la historia reciente, se registraron no sólo actos vandálicos y delictuales por parte de algunos manifestantes o personas que, en forma intencionada, buscaron enlodar la causa social y, en tal contexto, exponentes de las fuerzas policiales y militares también vulneraron derechos fundamentales.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó, a nivel nacional, 2.520 querellas a favor de 3.023 víctimas.
En Magallanes, se realizaron 27 observaciones a manifestaciones, 46 visitas a comisarías y 19 a servicios de Salud. El equipo regional presentó 26 querellas por violaciones a los DD.HH. buscando proteger a igual número de víctimas. La mayoría de estas acciones fue a favor de personas del sexo masculino (13 casos). Pero un número importante (11) correspondieron a representaciones a favor de niños y adolescentes, entre ellos una niña. Otras 5, a mujeres.
El reporte del INDH es lapidario: no se estuvo en presencia de simples abusos ni de hechos de carácter aislado. “Estamos frente a actos de vulneración de los derechos humanos, que se reiteran en el tiempo y en el espacio”, afirmó la entidad.
Pese a tal gravedad y a que las causas que denuncian delitos de apremios ilegítimos, tortura y abusos contra particulares, no existe en la zona ninguna formalización a un año del inicio de la crisis social.
El Estado debe priorizar las causas de violaciones de DD.HH. y responder a la demanda ciudadana respecto de que los hechos se esclarezcan, que haya justicia y se adopten tanto medidas de reparación como aquellas que garanticen que estas vulneraciones no volverán a repetirse.
