Chile no cumple sus acuerdos

Juan Pablo Rodríguez Provoste
Curso de Conservación de Ambientes Antárticos y sub-Antárticos
Programa de Doctorado en Ciencias Antárticas y Subantárticas,
Universidad de Magallanes

Las turberas son uno de los ecosistemas más efectivos y a su vez más vulnerables al cambio climático. Siendo humedales, son verdaderas esponjas capaces de almacenar grandes cantidades de agua y carbono. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) representan un 3% de la superficie terrestre y almacenan un 20% del carbono en el suelo del planeta.

En Chile, cubren un 4% de la superficie con 3,1 millones de hectáreas concentradas en la Patagonia, almacenando 4.800 millones de carbono acumulado por más de 18 mil años. Esto es 4,7 veces más que el que acumulan los bosques de Chile, según explica el doctor en Ciencias Ambientales Jorge Hoyos en una carta enviada a la revista Science el año 2019.

Actualmente veo como este ecosistema tan frágil y único en la Patagonia Chilena, que abarca desde la Región de Los Ríos hasta la Región de Magallanes, está expuesto a las actividades agropecuarias y mineras de explotación del musgo Sphagnum magellanicum (pompón) y su turba, y a graves e irremediables intervenciones en las cuencas de estos humedales por obras de infraestructura pública y privada; que generan un daño ambiental irreversible causando una liberación de carbono en tiempos de extrema necesidad de estos sumideros, y provocando una importante pérdida de biodiversidad de la vegetación que es capaz de almacenar, filtrar y purificar el agua de las lluvias, resultando en escasez hídrica. Un ejemplo de esto, son los más de 20 años de explotación de este recurso en Chiloé que se ha acentuado aún más con las sequías de verano.

Me provoca una gran decepción saber que Chile no cumple sus acuerdos. Digo esto, porque a pesar de que firmó algunos para proteger estos ecosistemas (Ramsar 1981; solo 16 sitios inscritos) hasta el días de hoy en este país las turberas siguen siendo vistas como recursos mineros y agropecuarios. Y es que a través del Código de Minería se permite su explotación y según lo establecido en la Ley de Medio Ambiente (artículo 10; letra i) se exige una evaluación a su extracción al considerarse un recurso minero no renovable.

Pienso que es transcendental que en Chile se deje de ignorar a las turberas, ya que forman una parte importante de los ecosistemas acuáticos continentales. Ahora si bien se creó el Decreto Supremo MINAGRI 25 en el año 2017, con medidas de protección para el pompón, el gobierno decidió postergar su vigencia por un año. Sin embargo, de haber entrado en vigencia el año en que se creó; este decreto habría controlado la extracción de 4.383 toneladas de las aproximadamente 269 mil hectáreas de turba que existen en nuestra región de Magallanes, según el informe de la “Mesa de Cambio de Uso de Suelo de la COP25”. A mi parecer, esta cifra es alarmante ya que un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarios (INIA) mostró que el pompón tiene una baja tasa de crecimiento y que pueden pasar de 30 a 75 años para su restauración.

En vista a que Chile no cumple sus acuerdos, el año 2019 se aprobó un proyecto que busca legislar sobre la protección de las turberas, destacándose la obligación de realizar un estudio de impacto ambiental y que no sea un recurso concesible en el Código de Minería, sin embargo, este proyecto aún no se convierte en ley y se encuentra en su segundo trámite constitucional. Por lo anterior, este año Chile por primera vez incorporó a las turberas en su Contribución Nacional Determinada (NDC), integrándolas como objetos de conservación. En este documento Chile se compromete a identificar las áreas de turberas y la construcción de un inventario nacional para el 2025; desarrollar indicadores para evaluar su capacidad de adaptación o mitigación al cambio climático para el 2030; y por último, a implementar acciones de manejo y gestión en cinco áreas protegidas.

Es necesario que el proyecto de protección de turberas se convierta en ley y entre en vigencia con urgencia y exigir que Chile cumpla con sus acuerdos. Según la CONAF 1,2 millones de hectáreas de turberas se encuentran desprotegidas y vulnerables a las actividades agropecuarias y mineras – en tiempos de una búsqueda global de enfrentar al cambio climático- creo que debemos considerar a estos ecosistemas como claves para la mitigación de su impacto, por sobre todo en vistas que Chile cumple con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad frente al impacto del cambio climático según la categorización de las Naciones Unidas (ONU). Lo que convierte al país en un área altamente frágil en relación con el efecto de estas alteraciones ambientales.