A los 72 años muere ex empleado bancario que fue secuestrado, torturado y encarcelado durante 3 meses

En la madrugada de este domingo dejó de existir en su domicilio víctima de una posible falla cardiaca, el vecino magallánico Mario Manuel Varillas Cusevich. Había nacido en Punta Arenas el 15 de diciembre de 1947, por lo que estaba muy próximo a cumplir 73 años.

En los años ochenta y comienzos de los 90 estuvo vinculado laboralmente a la popular zapatería Fac, siendo estrecho colaborador de Alfonso “Cocho” Cárcamo.

Mario Varillas cursó sus estudios primarios en el Liceo San José y los secundarios en el Insuco, para luego seguir la carrera de Ciencias Políticas en la U. de Chile, la que al cabo de dos años debió interrumpir al enfermar de gravedad su padre, debiendo asumir el sustento familiar.

Desde temprana edad participó en política, ingresando al Partido Izquierda Cristiana, hasta septiembre de 1973. Para esa época era empleado del Banco O’Higgins y presidente del Sindicato de Trabajadores de dicha institución.

El 17 de septiembre de 1973, estando en su lugar de trabajo, fue sacado violentamente junto a un compañero por efectivos de la Fuerza Aérea de Chile en una operación comando con despliegue de efectivos y corte de tránsito.

Los aviadores entraron gritando “Varillas e Ilabaca”. Luis Ilabaca (Q.E.P.D.) era compañero de trabajo, de sindicato y de partido.

Acusado de “guerrillero”

“Fuimos tirados violentamente al suelo y golpeados delante de todos en el hall del banco, mientras los aviadores gritaban y vociferaban sobre los ‘guerrilleros’. Fuimos empujados y vendados a un vehículo y llevados a un lugar desconocido para nosotros que posteriormente supimos que era el recinto de la Fach de Bahía Catalina”.

“Un grupo de agentes comandados por el capitán Allende nos recibió con una golpiza difícil de describir por lo violenta y despiadada. Sin mediar preguntas ni comentarios nos golpearon durante varias horas para ‘ablandarnos’ y prepararnos para lo que venía que era mucho peor”.

“Posteriormente sin comida ni agua fuimos llevados a un container metálico en el cual habían varias personas a las cuales no podíamos ver por la oscuridad. Alrededor de la medianoche fui sacado y sometido a un fusilamiento. Es imposible de describir la sensación que se siente al estar en la puerta de la muerte. Luego del fusilamiento fui despojado de la ropa, esposado y encapuchado para ser llevado a ‘interrogatorio’. La capucha tenía una soga alrededor del cuello con la cual me sacaban del agua del estrecho de Magallanes al cual me tiraban cada poco para “refrescarme”. Toda la noche duró este primer interrogatorio con todo tipo de elementos como alicates para sacar las uñas, electrodos en diferentes partes sensibles del cuerpo, golpes de pies y puños o con elementos contundentes, baldes con excrementos y todo lo que la imaginación pueda suponer”.

“Esto se repetiría durante a lo menos una docena de veces con mayor o menor intensidad de parte de los mismos y otros equipos de interrogadores profesionales de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas”.

Esposa embarazada

“Durante el interrogatorio hacían alusión a mi señora la que tenía siete meses de embarazo y se reían de esta circunstancia. De hecho mi hijo nació y sólo lo supe hasta un par de semanas después por otros prisioneros que habían entrado recientemente. Mi señora al no saber de mí, concurrió al banco donde fue tratada en forma violenta y despectiva por los ejecutivos de la época. Se me despidió sin ningún pago de indemnización ni siquiera de los haberes que correspondían a los días trabajados”.

“Al margen de los interrogatorios ‘oficiales’ el trato diario era denigrante y lleno de odio y violencia. Se nos privaba de comida y agua en forma frecuente y normalmente eran los restos del rancho de soldados. Se nos dejaba a oscuras o con luz permanente para afectar a nuestro subconsciente sin poder calcular el día o la noche y agotarnos mentalmente a fin de vencer nuestra resistencia a ‘confesar’”.

“Se nos hacinaba en contenedores introduciendo personas infiltradas (sapos), a fin de espiar las conversaciones y sembrar la duda en todos contra todos”.

“Mi familia no supo de mi destino hasta más de quince días después, dándome por fugado, muerto o ignorado simplemente. Incluso el interventor militar del banco negó la posibilidad de que estuviera detenido promoviendo con eso la angustia de mi señora a punto de dar a luz. Esa angustia la persiguió hasta el día de su muerte, hace unos años”

“Luego de eternos tres meses fui puesto en libertad condicional sin explicación alguna y previo a la firma de un documento que había estado ‘voluntariamente a disposición de las Fuerzas Armadas’ con todas las comodidades y sin consecuencia ninguna. La condición de la libertad era firmar semanalmente durante un año en la Comisaría de Punta Arenas donde cada vez era insultado, vejado y golpeado en varias ocasiones “por si acaso”.

“Antes del golpe de Estado estudiaba en la Universidad Técnica del Estado la carrera de Técnico en Finanzas y Administrador Bancario, estando ya egresado en trámites de optar al título respectivo. Al concurrir a la Universidad a ver mi situación como alumno fui nuevamente víctima y expulsado violentamente sin poder hasta el día de hoy obtener ni siquiera un certificado de alumno regular ya que los antecedentes de los disidentes fueron quemados”.

“Durante todo el gobierno militar e incluso posteriormente en democracia fui objeto de seguimientos, amenazas, amedrentamientos y todo tipo de presiones sociales y laborales. Esto se extendió a mi señora y a mis hijos”.

“Lo anterior llegó a tal extremo que en 1988 se me detuvo por ‘promover la guerrilla y el alzamiento’, aun cuando fue más corto el período, un par de semanas, los métodos y la intensidad de las torturas fueron las mismas. Es difícil vivir con la angustia de ser seguido y con la presión de que a alguien de la familia le pueden hacer algo por algo que nunca supe que hice”.

Lo anterior corresponde al relato contenido en la demanda contra el Estado de Chile, que Mario Varillas presentó el año 2018 ante un tribunal civil de la capital, cuyo fallo de primera instancia dictado en diciembre de 2019, rechazó la pretensión de indemnización a título de reparación de daños y perjuicios por la suma 200 millones de pesos. La sentencia fue apelada ante la Corte de Santiago por el abogado Alejandro Domic.