Centro de Justicia de la Oea cuestiona trabajo del Ministerio Público en investigaciones por derechos humanos
En un duro informe el organismo señaló que la mayoría de las falencias detectadas se debe a los problemas “en el diseño
normativo e institucional” del ente persecutor y que Carabineros hace un uso indebido de procedimientos disciplinarios.
El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (Ceja), dependiente de la Organización de Estados Americanos (Oea), entregó los resultados de una investigación sobre el comportamiento del sistema de justicia de Chile ante los hechos ocurridos en el contexto del estallido social del 18 de octubre de 2019.
En el reporte se acusó el incumplimiento de estándares internacionales en las indagatorias por violaciones de derechos humanos, cuestionando principalmente la forma en que actuó el Ministerio Público.
El incumplimiento del principio de oficiosidad, acotaron, resulta “evidente” al comprobar que sólo 178 de las 8.827 investigaciones fueron iniciadas de oficio, asegurando que la presión mediática o a través de redes sociales fue clave para esta decisión.
El principio de oportunidad, continuaron, se afectó al no iniciar de inmediato una investigación con especial atención a la preservación del sitio del suceso; que estas no ocurran “en un plazo razonable”, ya que, “tras 14 meses, sólo existen imputados formalizados en menos del 1% de las causas”.
Por último, el principio de exhaustividad se incumplió con “el débil rol” de la fiscalía al garantizar la adecuada recolección de evidencia del lugar de los hechos; “la inobservancia de la obligación de analizar el contexto en que concurren” las violaciones a derechos humanos a fin de identificar patrones de sistematicidad; las dificultades para garantizar la veracidad de la prueba documental y la celeridad en la obtención de pruebas testimoniales; y que no se busque sancionar a todos los responsables de los hechos, ya que sólo se estaría buscando a los autores materiales, “principalmente escalafones inferiores de Carabineros”.
En esa línea, aseguraron que las falencias detectadas están relacionadas “con problemas en el diseño normativo e institucional” de la fiscalía.
“Además, no hay evidencia de que la política de persecución penal del Ministerio Público se haya focalizado en las violaciones de derechos humanos, ya que no ha existido una asignación considerable de recursos para estos casos y no se han establecido indicadores de gestión en esa dirección”, cerraron.
Carabineros y
recomendaciones
También se tuvieron críticas palabras para Carabineros, institución a la cual pertenece la mayoría de los agentes investigados por violaciones de derechos humanos.
“Se han identificado demoras en la entrega de información solicitada por la Fiscalía, obstrucciones a las investigaciones, uso indebido de procedimientos disciplinarios con fines dilatorios o amedrentamiento de testigos, algo que atenta contra la efectividad de las investigaciones que dirige el Ministerio Público”, acotaron.
Ante los hechos constatados, se recomendó la creación de un grupo independiente de expertos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que “acompañe” las indagatorias en curso.
Así también, la creación de una Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, acelerar la reforma de Carabineros y generar una intervención civil urgente; implementar un programa de reparación para víctimas de violaciones a los derechos humanos y que la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal preste “especial consideración a la agilización de las investigaciones”.
Emol
