Vecinos de Agua Fresca recurren a la Corte y a Contraloría contra varadero pesquero
El cierre perimetral -con un frente de 200 metros- que comenzó a levantarse a inicios de mes en bahía Agua Fresca, a 27 kilómetros al sur de Punta Arenas, abrió un conflicto entre vecinos del sector y el Sindicato N°8 de Armadores Artesanales de Punta Arenas, que proyecta instalar allí un varadero para embarcaciones menores. Una vecina presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas y la junta de vecinos anunció que recurrirá a la Contraloría.
“Más que descontento, indignados”, resumió Héctor Díaz, presidente de la junta de vecinos de Agua Fresca.
Como informó La Prensa Austral el pasado 5 de octubre, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) resolvió que el proyecto no necesita ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), por considerar que tiene una “envergadura de carácter menor”. Contempla una rampa de 30 por 6 metros, dos boyas de fondeo, un patio de maniobras con un cierre de 636 metros y unos 8.000 metros cúbicos de relleno, y contenedores habilitados como talleres, bodega, cocina y baños, sobre una concesión de 1,55 hectáreas de terreno de playa. Esa resolución no eximía al sindicato de los permisos sectoriales, entre ellos la concesión marítima, que entonces estaba en trámite.
“Todo eso va a desaparecer”
Héctor Díaz cuenta que se enteró por una vecina que lo llamó al ver las obras, y que sólo entonces encontró la noticia de prensa publicada el pasado mes de octubre. “Empezaron a cercar hace como una semana y media, y nadie sabe nada”, dijo. Las consultas de pertinencia ante el SEA no contemplan participación ciudadana: “Nunca nos consultaron”, agregó.
El dirigente cuestiona la diferencia entre la obra principal y el terreno: “El SEA autorizó porque es una rampa de 6 por 30, 180 metros cuadrados, pero resulta que el sitio que le entregaron es de 15.000 metros cuadrados, o sea una hectárea y media”.
Según Díaz, el sector es un humedal: “Hay pájaros y todo, van a poner container y van a rellenar, entonces todo eso va a desaparecer”. El domingo, en una jornada de limpieza en la que participaron unas 15 personas, entre vecinos y jóvenes de Punta Arenas, registraron 14 especies de aves. La resolución del SEA descartó que el proyecto afecte humedales urbanos; ese tipo de humedal obliga a evaluación ambiental sólo dentro del límite urbano.
El dirigente agrega que en verano el lugar se llena de campistas y de paseantes de la ciudad. “Este es un espacio turístico, eso es lo que más digo, turístico y de aves”, señaló.
“Nosotros no estamos en contra de que ellos trabajen, al contrario”, aclaró Díaz. Su propuesta es que se reasignen concesiones vencidas: “La Armada y el Gobierno Regional tienen claro cuántas concesiones hay nulas, porque (…) hay concesiones que ya están vencidas y esas concesiones se podrían entregar a los pescadores”. Como ejemplo, mencionó un tramo de playa más al sur con restos de fierros de una concesión que ya no opera, y reclamó falta de fiscalización. También apuntó que los socios del sindicato no viven en el sector, a diferencia de los pescadores de la caleta vecina.
El recurso
El recurso de protección fue presentado por Jessica Bustos, cuya casa está frente al terreno, separada solo por una calle, contra la Gobernación Marítima de Punta Arenas y el sindicato. Sostiene que se tramitó una concesión marítima mayor vulnerando el reglamento de concesiones, al omitirse “las medidas de publicidad necesarias” para que ella pudiera oponerse. Califica la obra como un “capricho administrativo” que bloquea por completo el frente de su vivienda, e invoca sus derechos a la privacidad, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, a la vida y a la propiedad.
Pide dejar sin efecto el permiso, cancelar el proyecto en esa ubicación y dictar una orden de no innovar que paralice las obras mientras se resuelve.
El escrito acusa que las faenas comenzarían sin pasar por el SEIA, pero no menciona la resolución del SEA que eximió al proyecto. Tampoco coincide en algunos puntos con lo informado al servicio: habla del hincado de pilotes, mientras que la consulta describe una rampa y boyas.
Díaz precisó que el recurso no es de la junta de vecinos: “Ellos lo tenían listo ya”. La organización presentará un escrito ante la Contraloría Regional para que oficie a los servicios y revise cómo se autorizó el proyecto. “Para hacer dos frentes”, explicó.
El Sindicato Nº8 de Armadores Artesanales de Punta Arenas, es presidido por Fernando Carmona.




