Por estimar “desproporcionada” la medida, la Corte de Apelaciones anuló la orden de arresto en contra del alcalde de Porvenir

• El tribunal superior acogió el recurso de amparo a favor de José Gabriel Parada, que interpuso su abogado José Miguel Navarrete.

Sin desconocer que el arresto decretado en contra del alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada, fue expedido por un juez con facultades para ello, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas lo dejó sin efecto por estimarlo “desproporcionado”.

Es lo que se desprende del recurso de amparo que interpuso, y ganó, el abogado del edil, el exjefe de la Defensoría Penal Pública de Puerto Natales, José Miguel Navarrete.

Esto, por la orden de arresto por 3 días que el 10 de noviembre decretó el juez de Letras y Garantía de Porvenir, Pablo Aceituno Romero, en contra del alcalde por la denuncia de tutela laboral que interpuso la exsecretaria municipal, Nataly Vivar Sánchez,

En dicha causa el tribunal dictó sentencia en contra de la Municipalidad de Porvenir, acogiendo parcialmente la denuncia de la funcionaria, disponiendo la opción de recibir una indemnización o ser reincorporada al mismo cargo, secretaria municipal, u otro equivalente. La denunciante optó por la reincorporación.

Con fecha 30 de octubre, el tribunal ordenó a la Municipalidad de Porvenir, bajo apercibimiento legal, dictar el decreto alcaldicio de reincorporación de la denunciante.

El 6 de noviembre de 2026 la Municipalidad de Porvenir dio cuenta al tribunal de la emisión del decreto alcaldicio N°0761, que ordena el pago de la indemnización establecida en la sentencia, “indicando con sendos argumentos fácticos y de Derecho, la imposibilidad jurídica de cumplir con la reincorporación de la demandante”.

Con fecha 10 de noviembre la ejecutante solicitó por escrito una orden de arresto en contra de José Gabriel Parada Aguilar. El que se cursó el mismo día, en menos de 8 horas.

La defensa de Parada planteó que la resolución es arbitraria, atendido a que no pondera prudencia, pudiendo haber aplicado como apremio el pago de una multa, haciendo responsable a la municipalidad y no a su representante legal, como ocurre con el apremio de arresto.

El juez Pablo Aceituno concluyó en su respuesta a la Corte que, “a falta de una norma especial, el tribunal aplicó el apremio que se estima proporcional al incumplimiento, previa solicitud del interesado”.

Corte Apelaciones

Para el tribunal de alzada “se encuentra acreditado que la demanda fue interpuesta en contra de la Municipalidad de Porvenir representada legalmente por su alcalde Gabriel Parada Aguilar”.

Y que corresponderá al juez de la causa dictar las medidas conducentes al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, “pudiendo al efecto imponer multas que no excedan de una unidad tributaria mensual o arresto hasta de dos meses, determinados prudencialmente por el tribunal, sin perjuicio de repetir el apremio”.

Pero que al haberse decretado el apercibimiento, de manera genérica, mediante resolución dictada el 30 de octubre, “y sin desconocer las facultades del Tribunal para decretar apremios, la orden de arresto ordenada en la especie debe ejercerse de manera proporcional, racional y restrictiva, dado que está en juego la garantía constitucional de la libertad personal del amparado”.

“En el presente caso, se da cuenta de la falta de fundamentación para la dictación del apercibimiento decretado cuando se podría optar por aplicación de multa, más si se considera el exiguo plazo concedido, esto es 5 días, para dictar el decreto alcaldicio solicitado”.

“Por lo señalado, si bien la orden de arresto fue expedida por un juez con facultades, dentro de los casos señalados por la ley, resulta en la especie desproporcionada atendido lo razonado precedentemente”.

Por estos argumentos los ministros Marcos Kusanovic, Caroline Turner González y la abogada integrante, Sintia Orellana, acogieron el recueso de amparo interpuesto en favor de José Gabriel Parada Aguilar, “en contra de la resolución dictada el 10 de noviembre de 2026 por el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir. Y se deja sin efecto la orden de arresto decretada en contra del amparado”.