Falencias en infraestructura y atención deficiente tienen a las residencias de adultos mayores en la mira

– Proyecto busca aumentar facultades de fiscalización.

Silvia Leiva

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La infraestructura, la atención deficiente de los adultos mayores y fichas médicas incompletas son parte de los incumplimientos más frecuentes que se han detectado durante fiscalizaciones a residencias de adultos mayores.

En la región se han iniciado 16 sumarios a 12 residencias, de los cuales 13 han terminado en sanciones, existiendo el registro de multas de sobre $4 millones que se cursaron a uno de estos hogares.

Respecto de los incumplimientos, desde la seremi de Salud explicaron que las deficiencias más frecuentes son la ausencia del director técnico, ya que, a veces por alta rotación, no tienen un profesional permanente. Además, las fichas médicas de los pacientes figuran incompletas (no tienen información al día), la infraestructura se presenta falente en cuanto a seguridad y, en algunos casos, se develó el cuidado deficiente de pacientes.

De acuerdo a lo informado por la seremi de Salud en Magallanes a través de una solicitud de Transparencia, en Magallanes no hay residencias de adultos mayores que no tengan sumarios. La Casa de Reposo Virgen María ha sido multada en dos oportunidades (se han fijado sanciones por 55 UTM, y además hay un tercer trámite en curso) y el Hogar Pepita de Amor ha sido sancionado en dos oportunidades (con sanciones por 80 UTM). Estos dos establecimientos son los que más sanciones acumulan.

La vigilancia sanitaria en estas residencias responde a una matriz de riesgo que elaboran los profesionales de la autoridad de Salud a cargo de esta labor. Anualmente la seremi del ramo ejecuta una programación de fiscalizaciones a los establecimientos de larga estadía de adultos mayores en la región, además de visitas inspectivas por demandas espontáneas, es decir, por denuncia. En la región hay 12 Establecimientos de Larga Estadía del Adulto Mayor que es el nombre técnico con que se conoce a las residencias (11 en Punta Arenas y uno en Puerto Natales).

Fiscalización
en pandemia

El seremi de Salud, Eduardo Castillo, explicó que producto de la pandemia Covid-19 se establecieron diversas medidas que buscaban disminuir los riesgos de esta población. Dentro de las cuales se prescribe la cuarentena o aislamiento de todos los residentes de los Establecimientos de Larga Estadía de Adultos Mayores, restringiendo su acceso a las personas estrictamente necesarias para su adecuado funcionamiento. Para tal efecto, se establecieron controles sanitarios para el ingreso y salida de los hogares.

Castillo destacó que lo que se ha efectuado con los establecimientos de larga estadía desde marzo es un trabajo coordinado para que, en primera instancia, se fuera traspasando la información de forma certera, rápida respecto a las normativas que iban saliendo y los protocolos existentes.

“A su vez, se articula también con ellos un envío de información respecto al estado de salud de sus residentes, para cuando, por ejemplo, presentan alguna sintomatología que puede ser sugerente de coronavirus, puedan acceder precozmente al examen y también a evaluación clínica que permita determinar si es un caso sospechoso o no”, dijo.

Paralelamente, se están efectuando operativos de testeos tanto en residentes como en funcionarios con una periodicidad de cada quince días que para detectar de forma precoz si en alguno de los establecimientos  existen casos para evitar que eso se transforme en un brote. Se articulan de la misma forma capacitaciones en cuanto al uso correcto de los elementos de protección personal para los funcionarios o funcionarias.

Proyecto de ley

Estos asilos se encuentran en la mira y es que se inició un proyecto para fijar la obligatoriedad de registro a los establecimientos de larga estadía para adultos mayores. El objetivo principal de la iniciativa ingresada es mejorar el sistema de los Eleam y dar facultades de fiscalización al  Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama).

El proyecto tiene su fundamentación en el hecho de que los residentes son personas mayores con dependencia moderada y severa, con alta vulnerabilidad social, donde el promedio de edad de ingreso de los residentes corresponde a 78 años. Además, las personas están en el 60% más vulnerable de la población de acuerdo al Registro Social de Hogares y sin redes de apoyo efectivas.

Con el fin de avanzar en la materia, la iniciativa busca la obligatoriedad de registro de todas aquellas instituciones que ofrezcan como servicio y se encuentre dentro de su giro comercial el hospedaje en carácter permanente y prolongado en el tiempo de adultos mayores a título oneroso.

El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional, en análisis por la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados.