Fiscalía acusó a ex empleados de compañía marítima por estafas reiteradas y pide 8 años de cárcel
Por más de 24 meses se extendió la investigación que llevó adelante el fiscal Sebastián González Morales en contra de dos ex empleados de la empresa Comapa.
Ahora el fiscal presentó acusación en contra de Juan Reyes Navarro, ex jefe de contabilidad y finanzas de Navarino Administradora de Naves, sociedad a cargo de la administración de las empresas del mismo grupo, Transportes Marítimos Vía Australis y Transportes Marítimos Geo Australis. Y del entonces tesorero de la compañía, José Soto Díaz. Para ambos solicita la pena única de 8 años de cárcel, por los delitos de estafas reiteradas.
El Juzgado de Garantía de Punta Arenas fijó la audiencia de preparación de juicio oral para el próximo 7 de julio, a las 11 horas.
De acuerdo a las indagatorias, entre noviembre de 2013 y mayo de 2018 los acusados, empleados de confianza de la compañía, teniendo asignada labores de contabilidad, control y operación de varias cuentas corrientes bancarias, terminaron defraudando a la naviera en poco más de mil 352 millones de pesos ($1.352.830.701), según reza la acusación.
A José Soto le correspondía girar cheques. Es decir, debía confeccionar y completar los datos de la empresa o persona a quien se giraba previa verificación de la documentación de respaldo de la operación y razón de giro o pago que debían realizar las empresas del grupo.
Cómo operaron
En tanto, el jefe de Contabilidad y Finanzas, Juan Reyes, debía instruir en el ámbito de sus funciones los giros cheques y pagos que debían realizar las empresas del grupo, entre otras labores, como también verificar el respaldo de las operaciones.
Fue así que entre el 16 de enero de 2013 hasta el 17 de mayo de 2018, los acusados, previamente concertados y de manera reiterada, aprovechándose de la confianza de la firma y poderes otorgados en razón de sus cargos, procedieron a confeccionar y girar cheques de las diferentes cuentas corrientes de las empresas afectadas.
Se respaldaban simulando la existencia de supuestas deudas con proveedores. Los cheques que requerían de dos firmas eran visados, en primera instancia, por el mismo Reyes, “engañando a otros funcionarios de las empresas víctimas, apoderados de ellas, que tenían poder para firmar juntamente con él, con el objeto de obtener la segunda firma de éstos”.
La misma acusación sostiene que los imputados engañaron a los funcionarios, también apoderados de las empresas víctimas, “para obtener sus firmas y así cumplir con el requisito de doble firma, de acuerdo a los poderes de las empresas querellantes, generando un error en el segundo apoderado que firmaba, quien creía estar frente a una real obligación de pago de obligaciones existentes de proveedores de las empresas afectadas”.
De esta manera los acusados obtenían las firmas necesarias en los cheques en los que figuraba como beneficiario el proveedor, en circunstancias que esos documentos quedaban abiertos, pues no se tarjaba la expresión al portador, y procedían a cobrarlos personalmente por caja en sucursales del Banco Santander de Punta Arenas. Luego hacían los depósitos en sus cuentas corrientes, ingresando el dinero defraudado al patrimonio de ambos.
Para el fiscal estos hechos son constitutivos del delito de “estafas reiteradas” y a los imputados les confiere la calidad de “coautores”.
Hace presente Sebastián González que a los acusados les favorece la circunstancia de responsabilidad penal de no haber sido condenados anteriormente a los hechos de la presente investigación, por crimen o simple delito.
