Implicados en el “Vacunagate” en Perú arriesgan hasta ocho años de cárcel

Los principales implicados en el “Vacunagate”, la inoculación en secreto de la vacuna contra el Covid-19 que recibieron funcionarios peruanos -como el ex Presidente Martín Vizcarra, sus familiares e “invitados”- pueden ser condenados hasta a ocho años de prisión por delitos de corrupción en Perú.

“Sin duda alguna, estamos ante hechos delictivos”, afirmó a Efe el abogado penalista Carlos Rivera, antes de mencionar acciones tales como negociación incompatible, concusión, cohecho y complicidad en corrupción de funcionarios, por los que la Fiscalía peruana ya ha abierto una investigación preliminar.

Los personajes más comprometidos en este caso, agregó el jurista, son las ex ministras de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, y de Salud, Pilar Mazzetti, así como el ex Presidente Vizcarra, además del médico Germán Málaga, director de los ensayos clínicos de la vacuna del laboratorio chino Sinopharm que se hicieron en el país.

El “Vacunagate” estalló a fines de la semana pasada con la revelación de que Vizcarra había recibido en secreto la vacuna de Sinopharm, y esta semana se publicó una lista de 487 personas que también recibieron las dosis.

“Este caso tiene que llegar a los tribunales porque el hecho ilegal es absolutamente evidente”, remarcó Rivera antes de recordar que los implicados admitieron su participación, aunque aseguran que cometieron “un error”, y “la evidencia de los hechos es demoledora”.

En el caso de Astete, Rivera dijo que no sólo ha sido funcionaria, sino que tuvo a su cargo las negociaciones para la compra de vacunas, por lo que podría ser acusada de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, que se sanciona hasta con ocho años de cárcel en el país.

El jurista remarcó que además de ocultar su vacunación, la ex ministra incumplió el Código de Etica de la gestión pública y vulneró la norma que estableció que el personal sanitario que lucha contra la pandemia debe ser vacunado en primer lugar.

Otro grupo puede ser acusado del delito de concusión, que califica el acto del funcionario público que solicita un beneficio, que puede ser o no patrimonial, y que también se sanciona con hasta ocho años de cárcel.

Además, también se puede incluir a los familiares, amigos e “invitados” que se beneficiaron de manera indebida con la vacunación y han admitido que recibieron las dosis.

Entre los implicados en este delito puede estar la ex ministra Mazzetti, aunque si se confirma que ella fue parte del equipo negociador sería incluida en el primer grupo “de personas en situación más agravada”, acotó Rivera.

En el caso del ex Presidente Vizcarra, quien ha admitido que se vacunó junto con su esposa y su hermano mayor, aunque asegura que lo hizo como voluntario de los ensayos clínicos, Rivera sostuvo que puede ser incluido en el delito de concusión o acusado de cohecho.

Por otra parte, para el experto, Málaga debe ser considerado “como un privado”, ya que el ensayo de las vacunas estuvo a cargo de una universidad particular, pero sí puede ser incluido “en calidad de cómplice” en una acusación por corrupción de funcionarios, que contempla las mismas penas que los otros delitos.