Por la libertad de expresarse

El Ejército, con el apoyo de la Marina, la Fach y el ministro de Defensa, expresó en duros términos su rechazo a un programa humorístico en la televisión. En otras perspectivas se han cursado llamadas oficiales a los propietarios de algunos medios de comunicación para acusar a quienes trabajan en ellos. Y no es lo único.

Como reacción, cuando se conmemoró el 3 de mayo el día mundial de la libertad de prensa hubo un contundente despliegue de opiniones. La Universidad de Chile, otras casas de estudio y un grupo de profesionales que han recibido el Premio Nacional de Periodismo, entre otros, fueron categóricos.

La fecha empezó a celebrarse en 1993.

Aunque en nuestro caso preferimos hablar de libertad de expresión, el significado es el mismo desde la “Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano” de 1789. Dice al respecto:

*Ningún hombre debe ser molestado por razón de sus opiniones, ni aún por sus ideas religiosas, siempre que al manifestarlas no se causen trastornos del orden público establecido por la ley.

*Puesto que la libre comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de los más valiosos derechos del hombre, todo ciudadano puede hablar, escribir y publicar libremente, excepto cuando tenga que responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley.

En las últimas décadas, en especial después de la Segunda Guerra Mundial, este enunciado se ha ido complementando en todos los continentes con diversas declaraciones. Se mantiene, en ellas, la afirmación crucial: sin libertad de expresión no puede haber una verdadera democracia.

En el ámbito latinoamericano, en octubre de 2000 se aprobó la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, Señala en su primer párrafo: “La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas.  Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”.

En nuestro país, desde los comienzos de la república, estas ideas han formado parte permanente de nuestro ordenamiento jurídico. Ha habido, claro, altibajos.

En el último tiempo, paradojalmente cuando es inminente el comienzo del trabajo de una nueva Constitución, se han planteado dudas y acusaciones. Es la explicación de las voces de protesta que se escucharon la semana pasada. Lo dijeron los premios nacionales de periodismo de este siglo:

“Convocamos a todos los sectores a trabajar para profundizar el acceso a la información y libertad de expresión. En tiempos en que muchas veces las redes sociales se utilizan como medios de circulación de noticias falsas, como instrumento de polarización y ocultamiento de la verdad, llamamos a nuestros colegas a no cejar en el ejercicio del buen periodismo, a mantener el compromiso con la sociedad y la democracia”.

Complementariamente, cada uno de los firmantes destacó algún punto. En mi caso, subrayé el convencimiento de que los periodistas no creemos que la libertad de prensa sea un privilegio nuestro. Por el contrario, lo consideramos un derecho de la sociedad en su conjunto.

Como profesionales de la comunicación se nos exige capacitarnos para brindar el mejor servicio posible. Y nos exige, sobre todo, asumir que el precio de la libertad de expresión es la responsabilidad ética.