Argentina confirma que su Base Naval en el canal Beagle dará apoyo a cazas F-16

El gobierno de Javier Milei confirmó este martes que la futura Base Naval Integrada de Ushuaia, sobre el canal Beagle y a la altura de Puerto Williams, contempla dar apoyo al despliegue de cazas F-16. La obra, con la que Argentina busca disputarle a Punta Arenas su rol de plataforma antártica, suma así una dimensión de capacidad de combate aéreo, en un proyecto que en los últimos días volvió al centro de la agenda oficial.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, detalló que la base “será un punto logístico estratégico para la proyección argentina al Atlántico Sur” y que “brindará apoyo a la logística desplegada en la Antártida”. Según sus palabras, el recinto proveerá al país “protección naval y aérea con un avión de patrulla marítima P-3 Orión y los nuevos aviones F-16”. La vocería presidencial replicó el anuncio en la red social X.

La proyección de operar cazas en el extremo austral tiene antecedentes. De acuerdo con el sitio especializado Zona Militar, en el Informe de Gestión Nº142 remitido al Congreso, la Jefatura de Gabinete había respondido que Estados Unidos -país de origen de los aviones- no impuso restricciones al empleo del sistema de armas F-16 ni de su armamento, incluida su operación en el Atlántico Sur. Argentina incorpora 24 de estos cazas, adquiridos a Dinamarca mediante el programa Peace Condor, y aguarda en los próximos días la llegada de un segundo lote.

La vocería precisó que el sistema F-16 “desplegará fuera de su brigada de asiento a los aeropuertos que sean compatibles con su operación” y mencionó de forma explícita la repavimentación de la pista de Río Gallegos, en Santa Cruz. La operación efectiva de los cazas desde Ushuaia es, por ahora, una posibilidad ligada a la cercanía del aeropuerto internacional con la futura base.

Una obra reactivada
frente a Magallanes

El anuncio se inscribe en una semana de decisiones. En los días previos, el gobierno argentino había reactivado políticamente la Base Naval Integrada -cuya piedra fundamental fue colocada en 2022 y que registra un avance limitado- con la visita al predio del ministro de Defensa, Carlos Presti, y del canciller Pablo Quirno, y una instrucción presidencial para priorizar la obra en el Presupuesto 2027. El proyecto contempla un muelle de más de 580 metros y se presenta como polo logístico de apoyo a las bases antárticas argentinas.

Las propias autoridades trasandinas han sido explícitas respecto de uno de sus objetivos: captar parte de los servicios de combustible, abastecimiento y logística que hoy prestan los operadores antárticos desde Punta Arenas. “Punta Arenas se lleva todo, porque es por la infraestructura que tiene”, admitió uno de los oficiales argentinos durante la exposición técnica del proyecto.

Denuncias por presencia estadounidense

El impulso oficial convive con una controversia que aún no cuenta con confirmación de las autoridades. Según una investigación del portal Agenda Malvinas -replicada por medios fueguinos como El Diario del Fin del Mundo, Diario Crónica y Minuto Fueguino- , contingentes de entre 20 y 30 efectivos del Cuerpo de Marines y de fuerzas especiales del Comando Sur de Estados Unidos estarían realizando rotaciones periódicas en Tierra del Fuego, en actividades conjuntas con el Batallón de Infantería de Marina N°4 (BIM 4), con asiento en la Base Aeronaval Ushuaia.

La denuncia se originó el 9 de septiembre, cuando ese medio difundió imágenes de equipamiento y mochilas tácticas atribuidas al Ejército estadounidense en el Aeropuerto de Ushuaia. La investigación, sustentada en testimonios de fuentes no identificadas cercanas a la base, sostiene que parte del equipamiento permanecería almacenado en instalaciones de la Armada.

Cabe mencionar que no se ha registrado confirmación ni desmentido oficial del Ministerio de Defensa, la Armada o la Cancillería argentinas. La única información oficial corresponde a la propia Armada, que informó el adiestramiento invernal del BIM 4 en la zona -esquí, tránsito glaciar, supervivencia- sin mencionar la participación de fuerzas estadounidenses.

El episodio abrió un debate constitucional en la provincia trasandina. El intendente de Río Grande, Martín Perez, reclamó que el Poder Ejecutivo informe si existe autorización del Congreso, tal como exige el artículo 75 de la Constitución argentina para el ingreso de tropas extranjeras.

En conjunto, los tres movimientos -el anuncio de capacidad aérea, la reactivación de la obra y las denuncias por presencia extranjera- dibujan un extremo austral cada vez más disputado.