Concejal Bahamondes y los $2.500 millones para la Cormupa: “Seguimos parchando un sistema mal hecho”

Como tantas otras veces, los concejales aprobaron a “regañadientes” la modificación presupuestaria para este hijo ultra dependiente del municipio.

Otra vez la Corporación, otra vez más dudas que certezas. Claro que esta vez el alcalde Claudio Radonich fue claro: “Siempre hablamos que no hay plata para cumplir con las deudas. Bueno, ahora hay plata para cumplir con esas deudas”.

Lo planteado por el jefe municipal tuvo como propósito hacer ver a los concejales la importancia de aprobar la modificación presupuestaria para destinar $2.500 millones a la Corporación Municipal de Punta Arenas, para uso exclusivo del pago de las deudas previsionales.

El tema supuestamente había llegado claro a la sala del Concejo Municipal luego que el representante de la Cormupa, Luis Almonacid, expusiera en comisión y entregara detalles a través de un correo. Sin embargo, los canales de comunicación online nuevamente dejaron una grieta cuando a lo menos dos concejales acusaron no haber recibido los antecedentes que se habían comprometido a enviar por parte de la entidad.

“Es que es mucho dinero y un voto a favor tiene que hacerse con la total claridad y convencimiento de que serán destinados únicamente al pago de la deuda previsional”, señaló el concejal Juan Pablo Draguicevic quien, justamente, no recibió el detalle de la situación en su correo.

Radonich partió dejando en claro que la posibilidad de disponer de estos $2.500 millones surge de una “apretada de cinturón” que tiene que ver con la disminución de algunos gastos operativos, entre ellos el pago de horas extras, y que el echar mano a estos recursos en nada afecta otros compromisos que tiene el municipio ni menos altera la agenda social.

Sin embargo, esta vez las dudas no abrieron -como tantas otras veces- las puertas a la discusión, salvo por la negativa de aprobación de la concejala Verónica Aguilar, quien aclaró que su decisión tiene que ver con lo expresado el año pasado cuando decidió no apoyar futuras inyecciones de recursos a la Cormupa hasta conocer con precisión las deudas y contrataciones (información que no le ha sido entregada). A su rechazo se agregó uno de abstención por parte de Jorge Haro. Todo el resto estuvo por el “apruebo”.

Lo anterior no fue muy distinto a lo que se viene dando durante las últimas administraciones, donde cada vez que se tocan temas relacionados con la entrega de recursos a la Corporación Municipal se generan cuestionamientos que (en jerga futbolística) se terminan pateando al córner entendiendo la necesidad de seguir manteniendo a este hijo ultra dependiente.

El representante de la Cormupa, Luis Almonacid, explicó que el disponer de esta importante cantidad de recursos permitirá “ponerse al día” con la deuda previsional, cubriendo hasta el mes de mayo, y abriendo la posibilidad de una rebaja de intereses.

Desmunicipalización

El presidente de la Comisión de Educación, concejal Mauricio Bahamondes plantea que es un sistema mal hecho, con mega transferencias de recursos que buscan subsanar un mecanismo deficiente.

El edil abre otra arista: la desmunicipalización, “una instancia que esperamos sirva para corregir los errores, pero que por sobre todo genere certeza y tranquilidad en los trabajadores”.

En este punto, al menos a nivel de Concejo Municipal, ha existido una opinión coincidente en la conveniencia de que dicha desmunicipalización, con el traspaso de la educación a los denominados Servicios Locales, se retrase mientras no exista plena claridad sobre la situación en que quedarán los cientos de docentes y funcionarios que hoy son parte del sistema.

En ese contexto es que las fechas para esta nueva educación pública siguen sin claridad pese a existir un calendario progresivo, pero que ha permanecido en jaque no por uno, sino por varios proyectos que han ingresado al Parlamento para forzar a una modificación.

Argumentos hay de sobra. Sólo mencionar que el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, órgano independiente creado por la misma normativa para asesorar al Presidente de la República en la evaluación y análisis del proceso de instalación, entregó un informe nada positivo. Más aún, dando cuenta de graves problemas en el proceso.

Sólo por nombrar algunos, se menciona una mala gestión de los municipios en la realización de los traspasos; poca claridad en algunas de las normativas por algunos vacíos en la ley; y dificultades para completar los equipos de los servicios debido a la falta de personas capaces de cumplir con los requisitos para el cargo.

El proceso se inició el 2018 y actualmente se ha concretado en 11 comunas del país. Para Magallanes -de acuerdo con la resolución entregada en marzo- su puesta en marcha estaba fijada para el 1 de marzo de 2022, aunque todo apunta que ello no ocurrirá hasta al menos el 2025.