Gobierno colombiano investigará 21 homicidios

La Defensoría del Pueblo identificó que al menos 61 personas murieron desde el inicio de las protestas el 28 de abril.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) recibió las denuncias y testimonios sobre las violaciones a los derechos humanos en Colombia. La misión del organismo concluyó su visita al país sudamericano. Sus integrantes estuvieron en las ciudades de Bogotá, Cali, Popayán y Tuluá.

La delegación llegó el domingo pasado a territorio colombiano para analizar lo ocurrido en las masivas manifestaciones ciudadanas. Ahora deberán evaluar la documentación y elaborar una “declaración pública”. Además, efectuarán “observaciones y recomendaciones” al Estado.

La misión de la Cidh recibió a organizaciones civiles, víctimas, mandos de la policía y la fiscalía. También se reunió con el Mandatario Iván Duque en la capital. La Defensoría del Pueblo le presentó más de 500 denuncias sobre violaciones a los derechos humanos.

La entidad de protección ciudadana les informó que 61 personas murieron desde el inicio de las protestas en abril. Incluso Naciones Unidas, Estados Unidos, la Unión Europea y ONG internacionales denunciaron los graves excesos cometidos por los agentes de la fuerza pública.

En el cierre de la visita de la Cidh el Ejecutivo de Duque hizo una promesa al organismo. Ellos se comprometieron a investigar 21 homicidios, de las 61 muertes, ocurridos durante las protestas. Las manifestaciones aún se mantienen en contra del gobierno derechista.

La canciller Marta Ramírez aseveró que Duque está “totalmente comprometido en que se sigan haciendo todas las investigaciones”. Las protestas se iniciaron contra un aumento de los impuestos a los menores ingresos. La represión las llevó a ser un estallido social sin precedentes.

AP News precisa que la titular de la comisión, Antonia Urrejola, aseveró que analizarán toda la información recibida. La ministra Ramírez dijo que recibirán las recomendaciones “con la mayor disposición”. La canciller enfatizó que buscan “siempre ser un estado garante del respeto a los derechos humanos”.