Los dos informes de auditoría que terminaron con la suspensión del doctor Vukusich

Problemas administrativos en la compra de bienes y servicios, además de una eventual evasión fiscal, figuran dentro de las conclusiones que se pueden extraer de dos informes de auditorías -solicitados vía Transparencia- que dieron origen a la investigación sumaria donde se formularon cargos a siete funcionarios del Servicio de Salud, respecto de los cuales hay tres suspendidos, entre ellos el médico psiquiatra Juan Vukusich Covacic.

Esta investigación fue cuestionada porque la fiscal a cargo, Elba Mora, fue objeto de un sumario luego de que una funcionaria fuera víctima de una agresión sexual mientras cumplía tareas en una residencia sanitaria. Asimismo, se acusó una violación del secreto de sumario, al trascender que el Servicio de Salud Magallanes habría tomado medidas para hacer frente a la destitución del médico, antes de que éste fuera notificado de la misma.

En el caso del informe de auditoría Nº13/2019, se investigó si el inmueble de calle Teniente Serrano Nº0173, de propiedad del Club de Pacientes Psiquiátricos Agrupación Miraflores, fue adquirido con fondos del Servicio de Salud.

“La revisión arrojó un sistema insatisfactorio de control interno. En general el proceso auditado presenta debilidades críticas en varios de sus aspectos dado que se acreditó que el Servicio de Salud Magallanes, a través del Departamento de Recursos Financieros, pagó al Club de Pacientes Psiquiátricos las rendiciones, donde el monto del Hogar Teniente Serrano fue respaldado con la cartola de un préstamo comercial otorgado por el Banco Santander a dicha agrupación y que con fecha 10 de febrero de 2014 el Club de Pacientes inscribió el inmueble, por lo que se presume que fue adquirido parcialmente con fondos del Servicio de Salud”.

Un segundo informe, Nº23/2019 buscó evaluar el cumplimiento de la normativa vigente en torno a las adquisiciones que se realizan al mismo Club de Pacientes.

En este se establece que de la evaluación llevada a cabo en el Servicio de Salud, es posible concluir que las compras de servicios que se realizan al Club de Pacientes, las cuales se han mantenido por más de 15 años, no se ajustan a la Ley de Compras Públicas y su reglamento, por adolecer de las siguientes irregularidades: no se realizan a través del portal de Compras Públicas establecido en la Ley 19.886 y su reglamento. Se fragmentan con objeto de no superar el límite establecido para toma de razón ante la Contraloría General y la decisión no obedece a un concurso público lo que impide asegurar que el proveedor sea la mejor opción económica y técnica. Además, la contratación no define precios unitarios, especificaciones técnicas, garantías, multas, y procedimientos de control, en especial los referidos a la conformidad de recepción, además no paga facturas exentas de Iva por servicios afectos, tales como el suministro de personal.