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Política regionalizada de vivienda

Por Emilio Boccazzi Campos Lunes 23 de Agosto del 2021

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Dentro de los últimos y evidentes avances que ha ido teniendo el país en materia de descentralización, con la elección directa de los Consejos Regionales desde el año 2014 y luego con la inédita y reciente elección de los nuevos Gobernadores Regionales desde este mismo año 2021, se comienza a configurar un escenario de una nueva realidad, del viejo dilema del centro y la provincia, de un país altamente concentrado y centralizado a la posibilidad de un Chile desconcentrado y descentralizado, reforzado la diferente realidad de lo que significa vivir a casi 5.000 kilómetros de distancia, es decir entre Arica y Puerto Williams.

Por estos días se discute en el Parlamento, la nueva Ley de Descentralización, conocida como Ley Corta, que en síntesis genera ciertas condiciones y obligatoriedades de coordinación entre la acción ministerial en cada región y la acción del nuevo ejecutivo regional (gobernador regional).

La verdad es que todo avance que se ha tenido o se intenta en materia de descentralización ha sido a tirabuzones, golpes o con largas esperas que en algunos casos han demorado dos siglos y en otros, un par de décadas.

Resolución de conflictos por parte del contralor general de la República, para dirimir diferencias entre el Ejecutivo Nacional (representado por la acción de sus Ministerios, Secretarias Regionales y Direcciones Regionales de Servicios) y el Ejecutivo Regional, representado por el Gobernador Regional (¿y dónde quedan los Consejos Regionales?), son lo que se discutirá en la denominada Comisión Mixta donde espero, no abunden la burocracia y la eterna dilatoria, clásica de nuestra idiosincrasia poco resolutiva y más amiga de las leyes (tenemos más de 21 mil leyes vigentes y otros tantos decretos de ley) que de resolver los problemas que aquejan y requieren las personas en los distintos y recónditos rincones de este largo y disímil país, llamado Chile.

Dentro de las normas y decisiones que uno esperaría, en estas leyes cortas o largas o, en lo que determine la Convención Constitucional (espero no pierda su camino) es la perentoria necesidad de establecer, políticas regionales de vivienda y habitabilidad. Necesidad de establecer políticas regionales en materia de acceso, de derechos y deberes ciudadanos respecto de la obtención y el financiamiento de la vivienda. Rol del Estado nacional y de los gobiernos regionales en materia de financiamiento, de calidad y de aseguramiento de esta.

Materialidad, pertenencia, forma de habitar. Acceso al crédito, segmentación por grupos familiares, es decir no repetir o replicar soluciones habitacionales iguales, a grupos familiares distintos en número o en rangos etarios.

Exploración de la autoconstrucción asistida (como operó con las antiguas Corporaciones de Vivienda y de Corporaciones Habitaciones, Corvi y Corhabit), las que al menos en las ciudades de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, dejaron huella y ejemplo. Y buena huella.

Acceso al crédito, a través de un claro y serio compromiso del Banco del Estado o Banco Estado (el mismo que presidió el candidato presidencial de la Derecha hasta hace pocos meses), y que ha cambiado sustantivamente en su forma de relacionarse con la ciudadanía a diferencia del que tuvo hasta fines de los años 90, con el financiamiento de los Programas Especiales de Trabajadores (Programas P.E.T.) y donde el Banco del Estado financiaba, con el claro aval del Estado.

Potenciamiento de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo Regionales, con el claro fin de crear un sistema solidario, que trabaje el concepto “hoy por ti y mañana por mí”, donde el Ahorro, el método, y el pago prudente y adecuado de un dividendo, sea la llave maestra, para que, más temprano que tarde, otra familia chilena y/o magallánica pueda obtener su vivienda.

Más que leyes cortas o largas, queremos y necesitamos leyes sustantivas, que aborden las materias más importantes y relevantes para los chilenos.