Puertas cerradas, pistas desorientadoras, en una búsqueda que la ley exige continuar

Marta Jimena Pinto,
Ministra presidenta de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas

Ricardo Alexis Harex González. El adolescente en quien se centran las miradas, las reflexiones, el sentir de todos y cada uno de los magallánicos, durante los últimos 20 años. El país lo observa y las Naciones Unidas exigen una visión de Estado sobre su persona. A los 17 años, un 19 de octubre, compartió con tantos, amistad y alegría en una concurrida fiesta de cumpleaños y al retirarse del lugar, no se le volvió a ver.

Para establecer los hechos acaecidos, sus circunstancias y la responsabilidad de personas determinadas, el Tribunal en Visita investiga el delito de secuestro de menor de edad, en el proceso Rol 33.883-C, iniciado por presunta desgracia, en el 2do Juzgado del Crimen de esta ciudad, el 20 de octubre del año 2001.

La calificación de los hechos, compartida por el Comité de
Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas, inscribe el proceso entre las causas por vulneraciones contra los derechos humanos, a tono con la “Convención Internacional Para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones forzadas”. Bajo estos criterios he conducido la investigación desde que el Tribunal Pleno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones, por orden de la Excelentísima. Corte Suprema, la asignó a mi cargo el 28 de abril de 2011, e instó a ella el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Así, la investigación no se abandona, no permite bajar los brazos, el delito no prescribe… y la exigencia es establecer qué pasó con Ricardo Alexis Harex González.

En estos años, hemos visto cómo encara el Estado las investigaciones especiales en el universo de los comúnmente denominados crímenes contra los derechos humanos, más bien asociados al período de nuestra historia transcurrido entre 1973-1990; el gran despliegue de diligencias y recursos materiales de los primeros años de investigación de la presunta desgracia decaía, ésta pasaba por distintas manos, sugería diversas teorías y enfrentaba, por qué no decirlo, la indiferencia del centralismo, la falta de recursos -humanos y monetarios-, contrariamente a las recomendaciones expresas, para este caso, del Comité ya referido.

Recién en julio de 2020, el tribunal ha podido contar con la colaboración de una funcionaria en Comisión de servicios en calidad de actuaria. Desde marzo de 2021, la Policía de Investigaciones de Chile reforzó el equipo colaborador con un oficial experto en derechos humanos abocado al estudio del proceso de 22 tomos -500 hojas aproximadamente, cada uno- sus carpetas reservadas, documentos anexos y bases de datos en permanente actualización. Costaron estos cambios, pero hoy en día avanzamos con fluidez hacia la depuración y análisis de la abundante información con el fin de acotar las líneas investigativas de mayor solidez y relevancia.

La búsqueda de la verdad -compleja por la concurrencia de múltiples factores, con demasiadas puertas cerradas y pistas desorientadoras- ha permitido a través de multiplicidad de indagaciones y diligencias descartar hipótesis sobre los hechos -entre otras, abandono del hogar o suicidio- y se orienta a establecer quiénes son las personas penalmente responsables.

Y aún así, la reflexión también conduce, insoslayablemente, a la manera cómo nuestra comunidad fraterna y generosa ha podido cobijar el secreto de uno o de muchos.