Corrupción, impunidad, centralismo y Nueva Constitución

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sta semana se confirmó la sentencia que condenó por delitos reiterados, de fraude al fisco y cohecho, al ex senador de la Udi Jaime Orpis, a una pena efectiva de 5 años y un día de cárcel. De esta forma, Orpis será la más alta autoridad del país que haya recibido en nuestra historia judicial una condena de presidio efectivo por hechos de corrupción. Además, la empresa Corpesca, del Grupo Angelini, también fue condenada como autor del delito de soborno al realizar pagos o “coimas” al entonces senador Orpis para que realizara en el ejercicio de su cargo gestiones a favor de dicha compañía, entre las que se encontraba votar artículos que la beneficiara en el contexto de la Ley de Pesca, también conocida como “ley Longueira”, en alusión al ex senador y ministro de Economía del primer gobierno de Sebastián Piñera, quien impulsó dicha normativa y el cual se encuentra actualmente enfrentando un proceso criminal, donde también se le imputa delitos de cohecho. 

Si bien se trata de un gran triunfo, no sólo para quienes impulsamos esta causa y la litigamos como abogados acusadores, especialmente para la lucha en contra de la corrupción en general, sino que también ha dejado al descubierto la precariedad de nuestra democracia.

Resulta evidente que el caso de Orpis no es aislado, sino que se trata de uno más de aquellos que demuestran que el sistema político tradicional se encuentra capturado por los intereses de los grandes grupos económicos, en un contexto de abierta impunidad. Es así como, en las diversas causas que seguimos contra el financiamiento ilegal de la política, demostramos que un puñado de empresas tienen capturados por esa vía a dirigentes claves de partidos políticos de todos los sectores, quienes a su vez controlan tales partidos, los cuales manejan el Estado.

De esta forma se genera un círculo vicioso donde finalmente se impone el interés particular de los grandes grupos económicos, lo que genera un ciclo de corrupción e impunidad que ha destruido la credibilidad de nuestras instituciones, las cuales son vistas por la mayoría de la ciudadanía como entidades que finalmente no actúan para resguardar el bien común.

Este profundo problema de legitimidad democrática se ha mantenido durante los años a través de limitar el acceso a los órganos de representación popular, creando barreras de entradas para que independientes o personas, que no sean aprobadas por los dirigentes que controlan los partidos políticos, puedan ser electas en el Congreso o sean nombrados en puestos de poder dentro de la administración del Estado.  Lo anterior se ve reformado a partir de un sistema  político que concentra el poder público de manera exagerada en la Presidencia de la República, que es ocupada precisamente por personas cuyas candidaturas han debido ser visadas por coaliciones de partidos políticos, además de enfrentar importantes exigencias económicas para ser competitivas en sus respectivas campañas, las cuales nuevamente son cubiertas por el financiamiento de las grandes empresas.

Este fenómeno también es una de las causas y efectos del centralismo que vivimos en nuestras regiones y en especial Magallanes, ya que la manera más eficiente y menos onerosa de quienes controlan el poder político a través del financiamiento de la política, es que se concentre en pocas manos y cerca del lugar donde operan. De esta forma, los dirigentes regionales de los partidos finalmente se han transformado en simples receptores y ejecutores de las decisiones que se adoptan a nivel central por quienes los controlan, de manera tal que los discursos “regionalistas” en que fundan su actividad se reducen a simples banderas vacías, ya que al final deben ser funcionales a definiciones en las que no tienen ninguna incidencia real y que forman parte de una visión que mira a la política regional como una actividad irrelevante de quinto orden y considera a las regiones como simples “zonas de sacrificio”.

Otro de los efectos de la forma como se ejerce el poder real en Chile, ha sido la instalación desde hace décadas de una cultura institucional de impunidad en relación a hechos graves de corrupción cometidos por altas autoridades y grandes empresarios, lo cual implica que más allá de la existencia de normas constitucionales y legales que consagran el principio de probidad y que castigan con altas penas a quienes cometen actos de corrupción, quienes están llamados a investigar y hacer valer tales sanciones no actúan con decisión cuando se enfrentan a casos donde aparecen involucradas tales personas, con lo que se garantiza impunidad, que es el combustible del sistema de abusos contra el cual se levantó la ciudanía en octubre del 2019.

Nuestro desafío desde la Convención Constitucional es hacernos cargo de forma seria de este problema, para lo cual no basta con hacer llamativos discursos sobre la democracia y los derechos de las personas, sino que debemos generar las bases concretas de una institucionalidad que permita materializarlos en la práctica y colocar fin al referido círculo de corrupción e impunidad  que existe en nuestro país. Para esto, estoy trabajando en normas que impidan que los gobiernos de turno puedan decidir el nombramiento de los jueces que integran el Poder Judicial, como ocurre hasta la fecha, y que el poder político no pueda decidir quién encabeza el Ministerio Público, a cargo de investigarlos a ellos y a los grupos económicos que los financian. También estamos desarrollando propuestas específicas para que la Contraloría General de la República tenga atribuciones reales para fiscalizar todos los dineros provenientes desde el Estado, de una forma efectiva, incluyendo a las corporaciones de desarrollo municipal y asociaciones creadas por municipios, que hoy son cajas negras donde hay un amplio espacio para la corrupción. Además, estamos avanzando en propuestas normativas que dejen atrás el actual presidencialismo y que avancen en instalar un Congreso unicameral, paritario, con escaños reservados para pueblos originarios, y cuyos miembros sean elegidos a través de un sistema electoral que permitan a los independientes competir de forma justa con los candidatos apoyados por los partidos políticos, y que tenga una adecuada representación de nuestras regiones, en especial Magallanes. Y por sobre todo, estamos generando propuestas para definir un modelo de Estado Regional, tomando como base la experiencia  italiana y española, para que no tengamos que seguir siendo simples espectadores de nuestro fututo, sino que nuestras comunidades puedan decidir de forma participativa sobre su vocación de futuro y, a partir de aquello, establecer un marco para generar e implementar políticas públicas por gobiernos regionales empoderados y que cuenten con atribuciones y un marco de financiamiento adecuado para tal efecto.

En definitiva, llegó el momento clave de pasar de los simbolismos, los slogans y las banderas a propuestas concretas que nos permitan tener un país más digno y justo, donde rompamos de una buena vez el círculo vicioso de corrupción e impunidad con el que el 1% del país se lleva el 30% del Pib año tras año y que deja fuera de las decisiones reales a gran parte del país, especialmente a los independientes y a nuestras regiones.