Proceso constituyente y universidades regionales estatales

Por Alberto Martínez/
El Mostrador

Para analizar la Educación Superior en el país debemos conocer su épica y cómo se inicia la deconstrucción de un sistema que hoy se encuentra en permanente tensión. Comprender que esto no siempre fue así, pues en sus orígenes existía una acendrada vocación pública, donde la educación no era concebida como un negocio, sino como una poderosa herramienta para el desarrollo el país.

En la actualidad, el Estado nos ha obligado a formar parte de un sistema basado en la desconfianza y competencia más que en la cooperación. Así, competimos por estudiantes, financiamiento de proyectos y hasta por el cuerpo académico. Muestra de ello es que las universidades, en especial quienes tienen recursos, no escatiman en esfuerzos financieros para incorporar a su cuerpo académico a las y los mejores profesionales, incluyendo a quienes pertenecen a otras universidades del sistema, que no pueden competir económicamente para retenerlos. Esta situación dificulta el establecimiento de la carrera académica y la construcción de núcleos virtuosos de especialistas en regiones y con mayor agudeza en las zonas extremas.

Desde mi época de estudiante de una universidad estatal, recuerdo claramente la sensación de que el Estado, nuestro dueño, no se hacía cargo íntegramente de su desenvolvimiento, ni siquiera basal. Aseveración que formulo con respeto y sin desconocer el esfuerzo desarrollado por algunas autoridades. No obstante, lo cierto es que estamos ante un modelo que nos obliga a buscar financiamiento con los aranceles o bien exige concursar para obtener recursos con instituciones que llevan la delantera, merced de su poderío financiero. Es que al parecer el Estado chileno olvidó que, además de formar profesionales y conscientes de nuestro rol como universidades públicas, generamos conocimiento pertinente al territorio, nos vinculamos sin buscar fines de lucro, damos oportunidades a jóvenes que no pueden migrar y recibimos estudiantes con condiciones de entrada que requieren un doble esfuerzo para nivelar sus conocimientos y transformarlos en profesionales idóneos.

En este marco también ofertamos carreras consideradas como “no rentables”, en áreas como las pedagogías y ciencias, para que respondan a las necesidades de sus zonas de origen. Con todas estas asimetrías, somos actores relevantes en el territorio, más ahora en el contexto del proceso de descentralización y desarrollo regional con la instalación de las gobernaciones regionales.

¿Por qué, entonces, seguimos sufriendo esta realidad, a diferencia de lo que ocurre en cualquier país y no somos financiados por el Estado para seguir trabajando con calidad? La respuesta y solución a esta incógnita, evidentemente exige la reivindicación del Estado chileno para con sus universidades, y pareciera que ello está más cerca hoy gracias a la Convención Constitucional. Instancia con la que se está trabajando para instalar el tema de la validación de las universidades estatales y regionales de zonas extremas, sin la lógica del mercado y la rentabilidad.

Así ante el Proceso Constituyente y la elección de nuestro nuevo Presidente Gabriel Boric, las universidades estatales de carácter regional y, especialmente, aquellas de zonas extremas, estamos esperanzadas en ser parte de una norma que esté presente en la Constitución que se plebiscitará el 2022, y que mostrará la urgente necesidad de ser valoradas, no sólo por la docencia, investigación y vinculación con el medio, sino por la movilidad social que han vivido miles de jóvenes profesionales y sus familias, a lo largo de nuestra historia y país.