Asambleas Regionales: un Core 2.0

• En lo medular, las asambleas ya no serán de carácter legislativo,
  y sólo estarán revestidas de potestades normativas,
  resolutivas y fiscalizadoras.

Una serie de cambios aprobó el pleno de la Convención Constitucional para las denominadas Asambleas Regionales, originalmente conocidas como Asambleas Legislativas Regionales, con miras a redactar el borrador de la próxima Carta Magna para Chile.

En lo principal, sepultó su potestad para dictar leyes, quedando de la siguiente forma, según su inciso primero: “la Asamblea Regional es el órgano colegiado de representación regional que, en conformidad a la Constitución, está dotado de potestades normativas, resolutivas y fiscalizadoras”.

Igualmente se modificó el artículo 31 sobre Atribuciones Exclusivas, quedando establecido en el nuevo documento su capacidad para fiscalizar a las autoridades del gobierno regional y de la administración regional; solicitar al gobernador rendir cuenta; modificar y votar el presupuesto regional, plan de desarrollo regional, planes de ordenamiento territorial y plan regional de manejo integrado de cuencas. Una de las atribuciones más controversiales dice que las Asambleas podrán “aprobar, a propuesta del gobernador y previa ratificación del ‘Consejo Territorial’, la creación de empresas públicas regionales o la participación en empresas regionales”. Hay quienes ven en esta facultad una abierta licencia encaminada a desmantelar las empresas estatales.

Una futura ley determinará los requisitos generales para acceder al cargo de asambleísta regional y su número en proporción a la población regional. Su elección será por sufragio universal, directo y secreto, y podrán ejercer sus funciones por el término de cuatro años, pudiendo ser reelegidos consecutivamente sólo una vez para el periodo inmediatamente siguiente.

Las Asambleas Regionales no son otra cosa que los actuales Consejos Regionales, pero con más atribuciones en sus territorios, una suerte de Core 2.0.

En esta línea, las regiones necesitan de autonomía política económica para tener realmente el poder de construir su futuro y no seguir siendo simples apéndices de la metrópoli, aunque a través de esta propuesta se entregaría una gran responsabilidad a las regiones que no sabemos si en la práctica van a estar en condiciones de asumirla.