Ex ejecutivos de Nova Austral fueron formalizados por millonario fraude

• La investigación estableció que en Tesorería General se presentaron formularios de solicitud de la empresa acuícola para obtener beneficios de la Ley Navarino que no correspondía, por 50 mil millones de pesos,
  entre febrero de 2017 y junio de 2019.

• Resta por formalizar a Arturo Schofield Muga, para quien se fijó una audiencia para el 7 de abril próximo.

Denuncias públicas y una querella posterior del Consejo de Defensa del Estado terminaron ayer con cuatro ex ejecutivos de la empresa Nova Austral formalizados por el delito de fraude de subvenciones y autores ejecutores del delito consumado de contaminación de aguas, de la Ley General de Pesca y Acuicultura, indicándose además que por este ilícito a la empresa también le corresponde responsabilidad.

El fiscal Sebastián González formalizó cargos en contra de los ex ejecutivos de la Empresa Nova Austral, Drago Covacich Mckay, Nicos Nicolaides Bussenius, Rigoberto Garrido Arriagada e Isaac Aaron Ollivet-Besson Osorio.

Faltó formalizar a Arturo Schofield Muga, para quien se fijó una audiencia el 7 de abril próximo, el quinto implicado en la causa.

Por ahora el tribunal fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación y le impuso a los imputados medidas cautelares, como arraigo y firma para todos ellos.

Delito

La Fiscalía lleva tres años indagando los delitos que se habrían perpetrado entre los años 2016 al 2019, siendo gerente de producción de la empresa Nova Austral, Arturo Schofield y el gerente de producción Agua Mar.

Según los hechos relatados en la audiencia, actuaron previamente concertados con el resto de los imputados Covacich Mckay, gerente regional de Magallanes; Nicos Nicolaides, ex gerente general de la empresa; Rigoberto Garrido, jefe de área e Isaac Ollivet-Besson, también jefe de área de la empresa.

De acuerdo a las indagatorias del Ministerio Público, estas personas realizaron acciones directas tendientes a falsificar y adulterar los datos reales de siembra, cultivo, cosecha y mortalidad de cada centro que debían entregar a las entidades fiscalizadoras, con el objetivo de alterar los verdaderos indicadores que permiten evaluar la condición sanitaria y ambiental de los centros de cultivo y así engañar a Sernapesca y Subpesca.

Esto dio pie a que los diversos centros de cultivo de la empresa Nova Austral obtuvieran una clasificación de Bioseguridad Alta, siendo que los datos reales daban cuenta que correspondía una clasificación de Bioseguridad Baja 2, lo que habría implicado una reducción de un 60% de ejemplares a sembrar, disminuyendo la producción por parte de Nova Austral, generando como consecuencia una venta menor, que influyó de manera directa en la bonificación solicitada a Tesorería, la  que en consecuencia, también habría sido menor.

No obstante, distintos funcionarios de la empresa, a solicitud de los ejecutivos imputados y en pleno conocimiento de éstos, presentaron en Tesorería General formularios de solicitud de la empresa Nova Austral, para obtener la subvención o bonificación  de la Ley Navarino, por sumas que entre el mes de febrero de 2017 y junio de 2019 alcanzaron montos por sobre los $50 mil millones de pesos.

Exceso de siembra

Durante la formalización de cargos, se indicó también que en los centros de cultivo los imputados efectuaron un exceso de siembra de alevines, lo que incidió en un aumento en los desechos orgánicos del suelo marino por peces muertos, alimentos no consumidos ni degradados y fecas, generando un aumento en la cosecha por sobre lo autorizado, lo que provocó impactos ambientales significativos, consistentes en la degradación del suelo marino, contaminación del componente agua y pérdida de biodiversidad, generando además, una disminución sustantiva de oxígeno en los cuerpos de agua y la propagación de algas que impiden que la luz penetre hasta el fondo del ecosistema, lo que, en definitiva, implica un empobrecimiento de la biodiversidad acuática.

Centro de cultivo

Respecto al Centro de Cultivo Aracena 14, que se encuentra emplazado en el interior del Parque Nacional Alberto de Agostini (en la Región de Magallanes), correspondiente a un área silvestre protegida por el Estado, la empresa se coordinó y se concertó con terceros para introducir al mar, por embarcaciones que prestaban servicio a la empresa imputada, toneladas de arena de playa y una sustancia química denominada percarbonato de sodio, que fueron depositadas y vertidas en el lecho marino debajo del módulo de cultivo, sin autorización previa de la autoridad competente, lo que alteró las condiciones de oxígeno y sedimentación del fondo marino de manera artificial, además de generar cambios en el sustrato que afectaron la biodiversidad y distribución de la macro fauna bentónica existente en el área de sedimentación del centro de cultivo, no permitiendo la recuperación natural del ecosistema, todo esto para ocultar el daño ocasionado y demostrar un lecho marino aparentemente limpio y en condiciones para iniciar un nuevo ciclo productivo ante una fiscalización futura de Sernapesca y organismos relacionados.

Nova Austral, dedicada a la siembra, cultivo y cosecha de distintas especies de salmónidos, solicitó  el 5 de enero de 2000, acogerse a los beneficios de la Ley Navarino, la cual establece una bonificación equivalente a un 20% del valor de las ventas de los bienes producidos por ella, deducido el Impuesto al Valor Agregado (Iva) que las haya afectado. Esto último, según los requisitos estipulados, “siempre y cuando su establecimiento y actividad signifique la racional utilización de los recursos naturales y que asegure la preservación de la naturaleza y el medioambiente”.