Vulneración de derechos de niños,niñas y adolescentes

En Magallanes, hace años que el Estado no ha sido capaz de mantener una institucionalidad adecuada para hacerse cargo de residencias para menores y adolescentes que deben estar bajo resguardo por diversas razones y problemáticas, siendo febles el resguardo y la contención que se están prestando en materia de salud mental.

La Asociación Nacional de Trabajadores de la Protección alertó sobre el cierre de la Residencia de Vida Familiar para Adolescentes, el pasado 4 de marzo. Con ello, los siete jóvenes insertos en el programa de salud mental fueron trasladados a la Residencia de Vida Familiar para Adolescen Temprana.

Los funcionarios acusaron irregularidades y también expresaron su inquietud porque esta decisión y el referido traslado de los jóvenes de entre 14 y 17 años al hogar de menores de entre 9 y 13 años generó un cuadro complejo, por la agresividad de los primeros y porque se está forzando una convivencia entre grupos de diferencia etaria.

Según lo expuesto, la decisión de cerrar la residencia de los adolescentes se debió a falta de recursos para sostener el programa. La medida fue adoptada por el Servicio de Salud Magallanes, organismo colaborador del Servicio Mejor Niñez.

A esta preocupación gremial se sumó la diputada Javiera Morales, quien pidió a la Cámara de Diputados que remita un oficio a la directora nacional de Mejor Niñez, María José Castro, para que informe sobre lo sucedido y también respecto de la forma en que se está implementando en Magallanes la Ley Nº21.302, que creó el nuevo Servicio de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia. Ello, porque es necesario conocer, entre otros aspectos, cuál es el modelo integrado de salud mental territorial.

Particularmente, el caso denunciado amerita que haya una reacción pronta de las autoridades, a fin de no poner en riesgo al grupo de menores a los cuales se ha impuesto una convivencia riesgosa.

En Magallanes, hace años que el Estado no ha sido capaz de mantener una institucionalidad adecuada para hacerse cargo de residencias para menores y adolescentes que deben estar bajo resguardo por diversas razones y problemáticas, siendo febles el resguardo y la contención que se están prestando en materia de salud mental. Lamentablemente, parece que el nuevo servicio, que reemplazó al Sename, tampoco estaría dando una respuesta oportuna y eficaz en materia de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.