Rectora (s) de la Umag sobre denuncias: “Tenemos 37 causas que han sido investigadas”

Conversaciones, acercamientos, pero sin visos de una solución, hubo ayer en la Universidad de Magallanes. Durante la tarde, autoridades encabezadas por la rectora subrogante Gabriela González se reunieron con las estudiantes agrupadas en el colectivo La Jauría Feminista, para conocer sus exigencias a través de un petitorio, el cual se entregó de manera parcial. Antes, en la mañana, se difundió una carta firmada por 21 académicos de distintas facultades, que entregó su apoyo a las demandas de las estudiantes. A ello se sumó otro comunicado, de la Asociación Regional de Académicos y Académicas de la Umag, menos rotundo y más en sintonía con llamar al diálogo entre las partes. Todo en un contexto en que la Umag tendrá elecciones de rector, en el mes de julio, por lo que distintos actores van tomando sus cartas y posiciones en un proceso que será observado detenidamente por los estudiantes.

Quien ha debido hacer frente a las exigencias de las jóvenes movilizadas es la rectora subrogante, Gabriela González. Tras reunirse con ellas, declaró que está a la espera de un petitorio completo para analizar cuáles serán las medidas que adoptará la casa de estudios. “Se nos hizo entrega de un petitorio parcial, con algunas de las principales demandas y acordamos con ellas que el documento final sería entregado mañana (hoy) alrededor de las 16,30 horas, para poder iniciar el trabajo de las negociaciones. Si bien es cierto, este primer acercamiento nos permite ir trabajando en algunas soluciones, explicamos a La Jauría que es importante que nos entreguen el documento final, para poder tramitarlo de forma expedita. Y eso incluye especificaciones de tiempo en algunos de los requerimientos sobre los que estuvimos conversando”.

Respecto de los temas más urgentes que plantearon las estudiantes, la autoridad universitaria adelantó que “el número uno es la contratación de una fiscal, que se haría cargo de todas las investigaciones sumarias y sumarios que se pudiesen generar ante las denuncias canalizadas en la dirección de género; luego, el espacio seguro donde los jóvenes en general, puedan denunciar cualquier tipo de contingencia, abuso, hostigamiento, entre otros y, el tercer punto es una medida que tiene que ver con la suspensión de aquellos denunciados por causa entre estudiantes. En ese caso, ya habíamos entrado a trabajar, porque tenemos un documento que es un decreto que guarda relación con cuáles son las medidas que se deben tomar, cada vez que se inicie un sumario o investigación entre estudiantes y ahora se suma la petición de la posible suspensión de los denunciados”, detalló.

Vicerrector involucrado

Desde antes de iniciarse la “toma”, hubo dedos acusadores hacia el vicerrector de Vinculación con el Medio, sobre quien pesa una denuncia por acoso sexual hacia una funcionaria, y que actualmente se encuentra con licencia médica, tras haber recibido una sanción de un mes de suspensión, sin goce de sueldo, por falta a la responsabilidad administrativa, medida que las estudiantes consideran insuficiente.  Al respecto, la rectora subrogante recordó que, en 2018, se creó la Dirección de Género, y dentro de ella, la Unidad de Acompañamiento. “Es importante considerar que todas las denuncias que se han canalizado a través de esta dirección y unidad, se han llevado a cabo, ya sea por sumarios administrativos o investigaciones sumarias. El caso específico al que se alude, tuvo su debida investigación y las sanciones que competían según la normativa que tenemos instaurada dentro de la institución. Indudablemente, siempre estamos trabajando con La Jauría y se han tomado distintas medidas y decisiones”. Sin embargo, advirtió que en el petitorio parcial que se entregó no estaba esta exigencia puntual, “ahora, desde la parte institucional y el equipo directivo, se está trabajando en medidas que son tendientes a complementar esta acción”.

Con respecto a la carta de apoyo de los docentes hacia las peticiones de las estudiantes movilizadas, Gabriela González advirtió que “todas las denuncias que se han canalizado se han investigado, amén de las sanciones que hayan podido ser ejecutadas. Hasta hoy, tenemos 37 causas que han sido investigadas y que tienen distinta ponderación en cuanto a la relación que involucra a académicos y otras, a funcionarios. Obviamente, los distintos estamentos apoyan a las estudiantes, porque creemos que todas las denuncias se deben investigar, si no, no tendríamos las causas ya cerradas y las denuncias investigadas”.

Representantes de La Jauría Feminista

“Pedimos que cualquier persona
que tenga una denuncia sea suspendida”

Representantes de La Jauría Feminista adelantaron las exigencias que plantearán en el petitorio que entregarán hoy. Gabriela Mansilla Castro, a nombre de sus compañeras, planteó que entre las medidas urgentes, está “la Fiscalía de Género y que los alumnos puedan ser sancionados y suspendidos. Pedimos que cualquier persona que tenga una denuncia, sea suspendida de la universidad, hasta que dure el proceso de investigación”.

Respecto de denuncias presentadas, “nos dijeron que la Dirección de Género tiene solamente ocho, pero a La Jauría Feminista nos han hablado cientos de mujeres que no se atreven a denunciar, porque no hay una Fiscalía que investigue y por ende, el proceso no se está llevando a cabo. Hay muchas personas que fueron denunciadas, algunas llevan alrededor de tres años y las sanciones son amonestaciones escritas, entonces las chicas ya han perdido la credibilidad en todo esto y las medidas de protección tampoco son buenas”, justificó.

En cuanto al caso del vicerrector de Vinculación con el Medio, criticaron que no hubiese un castigo acorde a la denuncia presentada. “La investigación sí se llevó a cabo y la sanción que quiso darle el rector fue la suspensión de un mes y después de eso, ha presentado licencias médicas y no ha vuelto. No sabemos qué va a pasar, aparte que la funcionaria, la única mujer que se atrevió a denunciarlo, tuvo que irse de la universidad”, finalizó Gabriela Mansilla.

Académicos piden a autoridades universitarias aclarar las denuncias y aplicar sanciones

Durante la mañana de ayer, comenzó a circular una carta en la que 21 académicos, de distintas facultades, manifestaron su respaldo a las estudiantes que se encuentran movilizadas. “En vista de la gravedad de los hechos denunciados, y que además no es primera vez que se hacen estas acusaciones en nuestra universidad, queremos manifestar nuestro apoyo a las estudiantes involucradas y solicitamos a las actuales autoridades de la universidad que se aclare, de frente a la comunidad, lo que se está haciendo para investigar las denuncias y aplicar las sanciones sugeridas por quien investiga a los y las responsables de manera efectiva, así como cuál es el curso de acción que proponen para hacerse cargo de la situación de toma que afecta a la universidad”.

En ese sentido, recordaron la presencia, desde 2018, de la Unidad de Género, Equidad y Diversidad y solicitaron que se establezca si ésta cuenta con el personal necesario, un espacio físico acorde a sus necesidades, así como herramientas y apoyo necesario para realizar su labor.

Finalmente, expresaron que, en un año marcado por la elección de rector en la Umag, “pedimos que las personas que aspiren a ocupar la rectoría den un paso al frente y manifiesten de manera clara cómo proponen hacerse cargo de este problema en el futuro cercano, como también de que manera incluirán la transversalización de la perspectiva de género en todos los ámbitos de la gestión universitaria”.

Hasta el momento, hay tres precandidatos para la elección del sucesor de Juan Oyarzo en el cargo de rector de la Umag, ya que resta la inscripción: José Maripani, Andrés Mansilla y María Soledad Astorga.

A esta acción se sumó la carta que difundió la Asociación Regional de Académicos y Académicas, que sin embargo, tomó más distancia, ya que solidarizó, en primer lugar, “con los y las integrantes de la comunidad universitaria que han sido vulnerados en sus derechos, contrario a lo que esta asociación aspira como cultura universitaria”.

En ese sentido, aunque reconocieron que el momento es complejo, recordaron que siempre buscan generar instancias de diálogo a fin de buscar soluciones, por lo que “aquellos y aquellas que incumplen la normativa de convivencia universitaria, deben asumir las consecuencias que esto implica, por lo tanto no se debe generalizar ante situaciones individuales en torno a la temática de vulneración de derechos en general.

Es por ello que concluyen manifestando que “lamentamos que se haya tenido que recurrir al cierre de las instalaciones debido a que las soluciones a los hechos que mencionan las estudiantes no hayan seguido los protocolos establecidos en la normativa vigente. Esperamos que el diálogo sea el principal actor con las autoridades centrales en pro de mejorar la convivencia en nuestra institución”.