Salmonicultura, entre su consolidación y los cuestionamientos

• Tanto salmoneros como el gobierno regional enfrentan esta disyuntiva: el aporte real y sustantivo que están realizando estas empresas a la economía regional versus el cuidado del medioambiente y de nuestra biodiversidad.

La industria salmonera del país ha hecho esfuerzos por sacudirse de su mala reputación, ganada por la forma en que ha manejado los episodios de mortandad masiva, vulneración de la norma por sobreproducción y casos de contaminación ambiental, entre otros.

Tras el boom productivo en la zona sur del país, las empresas salmoneras comenzaron a poner sus ojos en Magallanes y accedieron a diversas concesiones acuícolas.

Mientras muchos rubros se vieron fuertemente afectados por la pandemia, la salmonicultura resistió y siguió creciendo, representando hoy, junto con la pesca, el 26% del Pib regional.

Las empresas de la zona cerraron el año cosechando 140 mil toneladas y, para este 2022, se espera superar dicha cifra.

Hoy, la industria acuícola entrega empleos directos a cuatro mil trabajadores.

Así y representando el 40% de las exportaciones totales de Magallanes, esta actividad no sólo se ha ido consolidando, sino que transformándose en un pilar de la economía regional.

Sin embargo, sigue siendo resistida por ambientalistas y enfrentando diversos procesos sancionatorios, principalmente por mal manejo de las mortandades y sobreproducción.

Su mala fama llevó a que este rubro fuera excluido de la conformación de socios de la nueva Corporación de Magallanes (Cormag).

Tanto salmoneros como el gobierno regional enfrentan esta disyuntiva: el aporte real y sustantivo que están realizando estas empresas a la economía regional versus el cuidado del medioambiente y de nuestra biodiversidad.

Al conferirse al gobernador regional las facultades para presidir la nueva zonificación del borde costero, se abre ahora una etapa interesante donde se tendrán que conciliar aspectos como las concesiones otorgadas en parques y reservas naturales, la caducidad algunos permisos, la convivencia de la industria con otras actividades productivas y de servicio (como pesca artesanal y turismo), la adecuada fiscalización y, sobre todo, la garantía de una necesaria ética empresarial.