Eliminación del matrimonio infantil y de adolescentes

El Congreso Nacional aprobó la ley que prohíbe el matrimonio de adolescentes, estableciendo como edad mínima los 18 años para contraer tal enlace.

De tal forma, se modificó la legislación nacional que permitía que adolescentes de 16 y 17 años pudieran casarse con la autorización expresa de los tutores legales.

El paso dado fue valorado por instancias internacionales, como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en el entendido de que así Chile se suma a otros países de la región que establecen los 18 años como edad mínima.

En un estudio que presentó la Unicef en 2019, se reveló que alrededor de 115 millones de jóvenes y hombres de todo el mundo se casaron cuando eran niños. 

La Defensoría de la Niñez también publicó el estudio “Matrimonio adolescente en Chile: una realidad que erradicar”, en el que se constató que entre 2010 y 2020 se celebraron 1.799 matrimonios que involucraban adolescentes.

La realidad de América Latina y el Caribe es que 1 de cada 4 niñas se casa o entra en unión antes de los 18 años, siendo la única región del mundo donde los matrimonios infantiles no han disminuido en los últimos 25 años y ocupa el segundo lugar del mundo en número de embarazos adolescentes. 

A escala mundial, la tasa de matrimonio infantil de los niños varones equivale a una quinta parte del de las niñas y está meridianamente constatado que existe un riesgo cierto para las adolescentes que se casan, pues aumenta la posibilidad de que sufran violencia doméstica y tengan menos posibilidades de continuar sus estudios. También es más probable que tengan complicaciones durante el embarazo y el parto. Además, sufren aislamiento de su familia, amigos y comunidad, en general, lo cual aumenta el riesgo de que sean víctimas de agresiones y de conculcación de sus derechos.

Todas estas estadísticas y estudios validan la necesidad de erradicar el matrimonio infantil y, en tal sentido, es altamente valorable que el Congreso Nacional haya aprobado el proyecto que introduce como edad mínima para tal enlace los 18 años. 

Ello, ciertamente, va en el sentido de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes y, en conjunto con otras acciones, permitirá apuntar a brindarles mayores oportunidades educativas, resguardando sus derechos.