Guardaparques exigen al gobierno y a parlamentarios incluir mejoras al presupuesto de las áreas silvestres protegidas

“Sin guardaparques no hay conservación”. Ese es uno de los mensajes que se repite en la movilización que desde el 3 de noviembre pasado mantienen los guardarques del Parque Nacional Torres del Paine. El paro de actividades de los trabajadores de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) se extendió a todas las áreas silvestres protegidas de la región y al resto del país.

Los funcionarios exigen mejoras concretas a sus condiciones de trabajo, apelando también a medidas de seguridad que beneficien el desarrollo de una actividad que implica numerosos riesgos.

Los movilizados llamaron al paro indefinido y esto significó el cierre al acceso a varios atractivos turísticos existentes en la región. 

“Por muchos años nos hemos visto postergados, estando silentes ante tal descriterio. Es hora de decir basta”, advierten en sus comunicados.

“Lamentamos profundamente las molestias a nuestros visitantes pero, al no haber respuesta, seguiremos en nuestra lucha que creemos es justa y digna”, argumentan.

A través de una declaración pública con fecha 11 de noviembre de 2022, la Federación Nacional de Sindicatos de Conaf y  el Sindicato Nacional de Guardaparques y Trabajadores de Areas Silvestres Protegidas señalan que recibieron por parte del ministro de Agricultura y la ministra de Medio Ambiente “una propuesta de acuerdo en donde se nos solicita pausar la movilización, dando plazo hasta el 25 de noviembre, para presentar alternativas de solución al conflicto y constituir una mesa de trabajo para buscar soluciones estructurales para el Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas (SNASPE), sin ningún compromiso concreto de conseguir estas mejoras presupuestarias”.

Frente a ello optaron por continuar con la movilización nacional indefinida de los guardaparques en todo Chile.

Los trabajadores hicieron un llamado a las autoridades de Conaf a “no generar una sensación de normalidad, ya que la información que deberían entregar es a abstenerse de visitar las áreas silvestres protegidas mientras no se solucionen estas demandas”. Instaron al gobierno y a parlamentarios a que “en la actual discusión de presupuesto de la Nación se incluya el compromiso de mejoras para presupuesto del SNASPE el año 2023 a través de la reasignación o suplementos”.

Principales demandas

Los trabajadores movilizados señalan que la situación laboral en la que se encuentran considera: alta carga laboral y baja dotación, sueldos de jornales transitorios más bajos del mercado, insuficiente presupuesto para bienes y servicios; baja remuneración en personal de planta independiente de la antigüedad o responsabilidades asumidas; incumplimiento a condiciones mínimas de habitabilidad.

Las demandas se resumen en las siguientes: reposición de cupos de planta, aumento del sueldo ofrecido a los jornales transitorios, aumento del presupuesto para bienes y servicios, aumento del grado al personal de planta y ajustarlo a las responsabilidades asignadas, y sistema de alimentación para los guardaparques.

Apoyo internacional

Entre los apoyos recibidos por los trabajadores destaca el de la Federación Latinoamericana de Guardaparques, que reconoce la crítica situación que está pasando la Conaf.

Manifestaron que “las características únicas del SNASPE que cuenta con 18,6 millones de hectáreas, es custodiado por guardaparques de manera permanente, lo que demuestra el valioso y comprometido trabajo que el equipo de guardaparques realiza, cumpliendo jornadas laborales intensas dentro y fuera del área protegida. Esta ardua actividad debe contar con el reconocimiento de esta profesión y el apoyo del Estado de manera incondicional tanto en salarios dignos, cantidad de personal estabilidad laboral, seguridad laboral, alimentaciones de campo, equipos de campo, equipos de comunicación, vehículos para movilizarse y con infraestructura adecuada para cumplir con sus labores diarias, lo que está directamente relacionado con la efectividad de manejo de las áreas protegidas”.

Las organizaciones firmantes provienen de países como Ecuador, Costa Rica, Brasil, Perú, Argentina, República Dominicana, Paraguay, Uruguay y El Salvador.