Orden de embargo amenaza con cierre de tienda La Polar

• Remate consideraría 12 locales, estacionamientos, la casa matriz ubicada en la comuna
  Huechuraba y 402 marcas. En Punta Arenas afectaría a cerca de 100 trabajadores y al municipio,
  con el que mantiene un compromiso de arriendo por el edificio de Bories con Colón.

Fue una larga discusión la que en diciembre de 2021 permitió a Tienda La Polar quedarse con el arriendo del edificio municipal ubicado en la intersección de calle Bories y Avenida Colón, en Punta Arenas.

Un contrato por 3 años y un monto mensual de $20 millones cerró el trato y terminó, principalmente, con la incertidumbre de alrededor de 100 trabajadores que veían en riesgo la continuidad de las operaciones de la compañía, que en cuestión de días debía dejar sus instalaciones en el Mall Espacio Urbano.

Hoy, nuevamente, el riesgo está instalado. Esta vez no se trata de decisiones ni de gestiones a nivel local, sino de una situación nacional que se da luego que la AFP Capital solicitara el embargo de cuentas corrientes, casa matriz y de marcas, como pago de indemnizaciones por fraude.

Hace algunas semanas los ejecutivos de la compañía de retail informaron a la dirigencia de los trabajadores que había que estar preparados y que no se cuenta con ese dinero para responder a la demanda, reconociendo que la situación es crítica.

Esta semana la causa fue vista en el 13º Juzgado Civil de Santiago, donde el juez Daniel Platt rechazó las alegaciones de los representantes de la compañía y la demandante insistió en que existe una estrategia de dilatación para el cumplimiento de las obligaciones pendientes. De esta manera, el magistrado mantuvo lo obrado en octubre cuando ordenó “dar cumplimiento inmediato al pago de la deuda, intereses y costas”, atendiendo la solicitud de AFP Capital de remate de los bienes de la empresa, liquidando 12 oficinas, bodegas, estacionamientos, la casa matriz ubicada en la comuna Huechuraba y 402 marcas. Eso en total sumaría $21 mil millones. Lo mismo se pidió para las cuentas corrientes que la compañía mantiene en los bancos Chile y Santander.

Para La Polar las medidas no pueden ejecutarse debido a que aún no existe claridad sobre los montos, manteniendo la posición de que no hay perjuicio indemnizable en favor de la AFP demandante. Asimismo, se ha señalado que lo ocurrido ha traído un grave detrimento para la compañía de retail, tanto a nivel de clientes como de proveedores.

Sin embargo, la mayor preocupación se centra en la estabilidad laboral de los trabajadores, quienes, entre otras gestiones, pidieron una audiencia con la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y enviaron una carta a la AFP para reconsiderar el embargo.

En Punta Arenas, hasta ayer al menos el tema no se había instalado a nivel municipal, pensando en lo que podría traer consigo un eventual cierre de las operaciones de la empresa y la situación contractual que se mantiene por el edificio en arriendo. “Hasta el momento La Polar ha cumplido mes a mes y sin reparos el compromiso que tiene con nosotros. En caso que ello se vea interrumpido u ocurra otro tipo de situación, hay cláusulas vigentes dentro de este contrato que es por 3 años, el que en algún momento fue solicitado a 10 por parte de la empresa. Esto último no fue posible, porque la idea del municipio es recuperar el edificio y a través de un proyecto destinarlo a la atención de algunos de nuestros servicios”, señaló ayer una fuente de la entidad edilicia.

Pérdidas, pero no endeudamiento

En el segundo trimestre del año, La Polar presentó pérdidas por $6.076 millones, explicado principalmente en que su cartera financiera aumentó, por lo que tuvieron que hacer mayores provisiones. Los ingresos por el negocio financiero crecieron 62% en el segundo trimestre. 

No obstante, la compañía presenta bajísimos niveles de endeudamiento, alcanzando $23.910 millones”, dicen sus resultados.

El origen del conflicto

El “caso La Polar” comenzó en julio del 2010 cuando el Sernac se hace cargo de 123 reclamos en contra de la tienda por repactar deudas sin autorización de los clientes morosos.

Después de varios procesos de investigación, el 26 de mayo del 2011 se presentó una demanda colectiva contra la compañía en el Primer Juzgado Civil de Santiago, tras lo cual la demandada reconoció haber realizado repactaciones indebidas y el haber detectado prácticas no autorizadas en su gestión de crédito. El mismo día el precio de las acciones se derrumbó un 42% y la cadena de retail perdió en un solo día US$670 millones de valor bursátil.

El 24 de junio del 2011, AFP Cuprum se querelló contra La Polar aduciendo pérdidas por US$147 millones, tras haber invertido en acciones de valor y en un escenario falso, lo que en consecuencia también afectó al fondo de pensiones de sus afiliados.