Eventual cierre de Nova Austral sería catastrófico para Porvenir

– Representantes legales de la compañía advierten que las sanciones posiblemente conduzcan al cese de las operaciones en Chile, afectando a cerca del 40% de la población fueguina que gira en torno a esta industria.

Se estima que, con las sanciones, Nova Austral coloca en riesgo el 10,7% de su propiedad en concesiones de acuicultura, el 20% de su capacidad productiva y el 14,6% de la superficie concesionada

“En una población como la de Porvenir, con alrededor de 7.000 habitantes, el cierre de esta industria causaría un impacto catastrófico para el desarrollo de la provincia”, expuso el alcalde de la capital fueguina José Gabriel Parada

“No podemos olvidar que una década antes que llegaran estas empresas había un cartel que pedía que el último en irse apagara la luz”, advirtió el jefe comunal en el Congreso

 

A más de 13 mil km de Magallanes la situación parece compleja. El bullante mercado de la salmonicultura en Noruega atraviesa por uno de sus momentos más sombríos luego que el gobierno de ese país propusiera triplicar el impuesto y, literalmente, asestara un duro golpe el mercado con consecuencias inmediatas: cerca de 1.000 despidos en dos de las empresas más importantes del país líder de esa industria y el congelamiento de las inversiones.

En Chile, también se vive un momento delicado, pese a que se espera un cierre de año con rentabilidad positiva para la salmonicultura. Sin embargo, las causas instaladas en tribunales instalan un escenario nada halagüeño y podrían concluir en un impacto de proporciones para el desarrollo de esta industria en la Patagonia.

Hace una semana, el Tribunal Ambiental de Valdivia inició la tramitación de una demanda interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, que acusa a Nova Austral de un “daño irreversible y de efectos permanentes en el Parque Nacional Alberto de Agostini, en Magallanes, que compromete el patrimonio ambiental de la nación”.

La acción se funda a partir de la observaciones técnicas que hizo el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, además de las resoluciones sancionatorias de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), debido al daño ambiental en los centros de producción de salmones Cockburn 13, Cockburn 23 y Aracena 10, y lo ocasionado en el centro de engorda de salmones Aracena 14. Se da cuenta de vertimiento de agentes contaminantes en el mar y sobreproducción de salmónidos.

La demanda pide, entonces, “la paralización permanente y definitiva de las actividades de Nova Austral en las concesiones”. Además, solicita la elaboración de un estudio diagnóstico y un informe final de las áreas de los ecosistemas afectados y zonas adyacentes, en un lapso de 6 meses contados desde la dictación de la sentencia, y la elaboración e implementación de un plan de mitigación, recuperación y compensación ambiental, aprobado por la autoridad respectiva con observaciones del Ministerio de Medio Ambiente y Conaf. Se agrega que se debe incluir un programa de recolonización de fauna y flora marina en las áreas afectadas.

Hacia el despeñadero

Ya antes que el Consejo de Defensa del Estado interviniera, los representantes legales de la empresa habían advertido del impacto negativo que traerían las sanciones solicitadas por los servicios medioambientales. El abogado Julio Recordón señaló que el camino “posiblemente sea el cierre de la compañía en Chile, porque la imposibilidad de operar tres de sus centros de engorda conduciría necesariamente a una situación financiera adversa insostenible”.

El argumento fue refrendado por los estados financieros de la empresa, que muestran pérdidas el 2020 por más de 81 millones de dólares, el 2021 por más de 54 millones, y antecedentes del primer semestre de este año sobre pérdidas por 35,7 millones de dólares en total. Además, la deuda que creció de 431 millones de dólares el 2019 a 504 millones al cierre de 2021.

Impacto en Porvenir

Sin embargo, detrás de las operaciones, de los números, las acciones y resoluciones, existe una realidad que tiene que ver con el impacto que esta industria tiene en materia laboral.

En Tierra del Fuego, se estima que son más de 3 mil las personas que giran en torno a Nova Austral, de los cuales 800 están vinculados en forma directa.

“En una población como la de Porvenir, con alrededor de 7.000 habitantes, el cierre de esta industria causaría un impacto catastrófico para el desarrollo de la provincia”, expuso el alcalde de la capital fueguina José Gabriel Parada.

El jefe comunal expuso hace algunas semanas ante la comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, oportunidad en que se abordó el tema Nova Austral y las implicancias que tendría el avance de estos procedimientos sancionatorios en contra de la compañía y una eventual decisión de cierre de operaciones por parte de la empresa.

“Nos interesa claridad por parte del Estado, porque hemos tenido una política de instalación de empresas donde ni siquiera tenemos la capacidad de fiscalizar. No hay tampoco una mirada a futuro, porque ¿qué pasa si Nova cierra?, ¿hay un plan B del gobierno?”.

Junto con aclarar que su intervención en la comisión no es una defensa a la empresa, “porque todas deben cumplir con la legislación”, el jefe comunal expuso que en su comuna 3 mil personas dependen de esta actividad, con 500 a través de trabajo directo. “Si se cierra se produce un colapso en una población de 7.000 personas y nosotros, como municipio, no estamos en condiciones de crear un programa que permita apoyar a los trabajadores que puedan quedar cesantes, y el gobierno regional hoy tampoco lo tiene”.

Parada enfatizó en que es una responsabilidad cumplir con todos los temas ambientales, pero que no se puede hacer todo bajo una mirada centralista, “porque aquí nadie les pregunta a los trabajadores lo que piensan o cuál es su posición. No podemos olvidar que una década antes que llegaran estas empresas había un cartel que pedía que el último en irse apagara la luz”.

La autoridad municipal puso como ejemplo a la provincia argentina de Tierra del Fuego, con el vecino Río Grande que hoy es líder en materia de producción de hidrocarburos, y la capital Ushuaia que marca pautas en materia turística y portuaria. “Nosotros, en cambio, seguimos rezagados, pese a algunos esfuerzos con leyes como la Austral, Navarino y Tierra del Fuego, que han permitido la llegada de algunas empresas y entregado trabajo”.

Para los trabajadores el tema no es nuevo. Muy por el contrario, es una sombra que se ha mantenido por al menos 4 años. El presidente del Sindicato de Salmonicultores, Cristián Obreque, reconoce que  “los errores no se justifican, se deben corregir, pero a partir de entender que nosotros trabajamos con productos de mar, que somos una salmonera regional, la única en el país con el 90% de los trabajos con contrato directo de Magallanes. Por eso necesitamos que las decisiones también tomen en consideración la opinión de los trabajadores. Creemos que se puede trabajar y tener una industria sustentable bajo estrictas normas, pero para eso necesitamos que nos dejen trabajar”.

El dirigente recordó que la empresa bien de cambiar su administración, la que no ha cometido faltas y ha habilitado los canales de denuncias respectivos, “por eso solicitamos la posibilidad de reivindicarnos, porque al final somos nosotros los que estamos en medio (de las autoridades y la empresa)”.

“Empatizamos con

los trabajadores”

El Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, ha enfatizado que la situación de Nova Austral está generando un impacto negativo no solamente para los trabajadores de la compañía, sino que para la industria salmonicultora en su conjunto. “La industria está agrupada en tres gremios, dos de carácter interregional y uno propio de la Región de Magallanes. Los tres gremios de la industria tienen una opinión compleja respecto del comportamiento de la compañía”.

Agrega que “nosotros empatizamos con la preocupación que tienen los trabajadores, pero es importante que visualicen el contexto con que el Estado establece la relación con la empresa Nova Austral. Desde la Subsecretaría hemos reiterado la preocupación por las faltas sucesivas de la compañía, en diferentes niveles de ordenamientos jurídico, no solamente en materia medioambiental, sino que también en temas relacionados con seguridad en el trabajo. Pero particularmente, lo que nos preocupa es la nula disposición que ha tenido la empresa para coordinarse con el Estado y su ausencia en esta comisión es una expresión más de ese problema”.