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Nueva política social con enfoque territorial

Por Luz Bermúdez Sandoval Domingo 4 de Diciembre del 2022

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Nuestro horizonte de trabajo como gobierno es avanzar hacia un Estado de bienestar, facilitando las condiciones para que las necesidades básicas de las personas sean satisfechas, respetando sus derechos humanos, brindando las oportunidades para desplegar sus talentos y lograr sus objetivos de vida. 

Para alcanzar estos ambiciosos y deseados fines –en donde es imprescindible una buena capacidad de gestión y generar financiamiento sostenido en el tiempo para hacer que los cambios sean duraderos–, los instrumentos de planificación y política pública disponibles cobran especial valor a la hora de buscar eficiencia en la asignación de recursos y capacidades. 

En este sentido, desde 1985, cada dos o tres años la administración pública y el mundo de las ciencias sociales espera con ansias los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), cuya responsabilidad de ejecución es de la Subsecretaría de Evaluación Social –dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia–, constituyéndose como el principal banco de información sistematizado que permite aproximarnos a las condiciones en que viven miles de personas y hogares en nuestro país. Al reportar datos tan valiosos, es sin duda el mejor insumo y fuente básica para la formulación de políticas sociales por parte de ministerios y servicios públicos.

Aprovechando de destacar la agenda que tuvo en estos días en nuestra región la subsecretaria de Evaluación Social Paula Poblete y del trabajo que se ha iniciado en el marco de la nueva edición de la encuesta (Casen 2022), es menester transmitir a la ciudadanía un cambio que se ha introducido en la recopilación de información en Magallanes, que tendrá una implicancia notable en el alcance y eficacia de las políticas de gobierno. 

En todas las ediciones anteriores de la encuesta, el levantamiento de información en nuestra región se hizo solamente en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir. Se excluyeron a todas las demás comunas al considerarlas como “zonas de difícil acceso”. Si bien esto puede tener lógica desde la perspectiva de que, efectivamente, en las capitales provinciales que se nombran reside la mayor porción de la población, lo cierto es que al mismo tiempo, al no llegar a los territorios más aislados, la encuesta nunca ha logrado capturar, por ejemplo, la dinámica del acceso a salud, educación o distribución del ingreso en Timaukel, lo que a todas luces se traduce en que los resultados a nivel agregado en Magallanes se encuentran absolutamente subestimados. 

La buena noticia es que, por primera vez en la historia de la encuesta, la edición 2022 considerará en la medición a todas las comunas de la región, decisión que vale la pena relevar pues es una demostración clara por parte de nuestro gobierno, de su compromiso irrestricto con el proceso de descentralización y fortalecimiento regional, así como también del cumplimiento de la agenda programática en cuanto a la revisión de la focalización y modelo de políticas sociales vigentes en Chile. 

Son innumerables los beneficios asociados al mejoramiento de la aplicación de este instrumento en Magallanes, sin embargo, es pertinente hacer hincapié en uno de ellos. En la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), base del presupuesto de los gobiernos regionales y que tiene como objetivo alcanzar un desarrollo armónico y equitativo de los territorios en función de proyectos de inversión pública, el factor que más pesa en la asignación de recursos que se lleva cada región del país es el indicador de población que vive en condiciones de pobreza e indigencia, por lo tanto, todo apunta a que al estar midiendo por primera vez esta variable con un correcto despliegue territorial en la encuesta Casen 2022, la cantidad de recursos que llegará a la región para poder rentabilizar social y económicamente a través de iniciativas de inversión aumentará considerablemente. 

Esto es un paso muy importante en la consolidación de un nuevo modelo de política social, que garantiza equidad territorial y mayores posibilidades de desarrollo humano, perspectivas estructurantes de la acción de nuestro gobierno.