Necrológicas

Un Gobierno que avanza en empoderamiento de las regiones y sus habitantes

Por Luz Bermúdez Sandoval Domingo 5 de Febrero del 2023

Compartir esta noticia
66
Visitas

Nuestro programa de Gobierno tiene cuatro perspectivas transversales que orientan cada una de las propuestas que ponemos a disposición de la ciudadanía en la búsqueda de mayor justicia social y distribución del poder: trabajo decente, feminismo, transición ecológica justa y descentralización.  

Tenemos la convicción de que el centralismo siempre se ha configurado como un problema estructural en Chile, pues, entre muchas cosas, no otorga la autonomía suficiente en la toma de decisiones y no permite considerar las características territoriales propias en el diseño de políticas públicas con pertinencia local, lo que repercute en tener un escenario de poca eficiencia en la satisfacción de necesidades y demandas de la población. En consecuencia, se perfila una invisibilidad del sujeto regional, lo que indiscutidamente va en la dirección opuesta a la ampliación de capacidades, derechos y del bienestar de los ciudadanos y ciudadanas que desarrollan su vida en regiones. 

Siendo consistentes con la motivación de entregar mayores atribuciones a los Gobiernos Regionales, los avances que hemos tenido en esta materia, en estos once meses de Gobierno, han sido francamente notables. Destacamos las seis competencias que se transfirieron directamente a través de oficio presidencial en abril del año pasado, como son el caso de la presidencia del comité de evaluación ambiental, la presidencia del consejo regional de capacitación, la presidencia del comité regional de uso de borde costero, la fijación de vías de acceso a playas en terrenos colindantes, otorgamiento de concesiones gratuitas de corto plazo y la elaboración de los planes urbanos intercomunales. Muestras concretas de descentralización de tipo administrativa. 

En el plano financiero, en la Ley de Presupuestos 2023, se consagró mayor flexibilidad y atribuciones en la gestión de los recursos de los Gobiernos Regionales mediante una nueva partida presupuestaria, que por primera vez en la historia política republicana, ya no será parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, avanzando sustancialmente en descentralización del tipo fiscal. Mayores recursos para las regiones y, lo que es más importante, mayor poder de decisión sobre los mismos. 

Siguiendo esta lógica, los logros en Magallanes son aún mayores. Es posible palpar esto en el Decreto firmado en enero recién pasado que da cuenta de la decisión presidencial de transferir al Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena la facultad de administración, supervigilancia y fiscalización de la Zona Franca de Punta Arenas. Atribuciones que habían sido hasta ahora parte de las antiguas Intendencias y posteriores Delegaciones Presidenciales Regionales. 

Otro hito que es importante relevar es el acuerdo entre el Gobierno de Chile y la Asociación de Gobernadores Regionales del 19 de enero, en donde entre varios otros aspectos, se establece una hoja de ruta sobre el compromiso programático de terminar con las Delegaciones Presidenciales Regionales tal como se conocen hoy. Decisión supeditada a la creación del Ministerio de Seguridad y un rediseño del Ministerio del Interior, de manera de asegurar la adecuada coordinación y presencia del gobierno central en el territorio. 

Valoramos profundamente todo lo señalado, pues nos hace transitar hacia las mejores experiencias internacionales en materia de empoderamiento regional, demanda que ha cruzado toda la historia política de Magallanes. En lo que se refiere a esta Delegación Presidencial, urge transmitir a la población que, no entendemos como el fin último de la descentralización hacer más eficiente y eficaz el uso de los recursos públicos o el control de los procesos administrativos, sino más bien, concebimos este tema como una tremenda oportunidad de ampliar nuestra democracia, de fortalecer la participación y reconocimiento de los actores sociales. Seguiremos haciendo esfuerzos en nuestra gestión política por construir espacios de deliberación y cooperación, pues sin participación ciudadana puede haber leyes de descentralización, pero jamás lograremos la construcción social de un territorio y un propio proyecto de desarrollo.