Familia de sargento de la Fach demanda al Estado en $3.600 millones por tragedia del Hércules

• Germán Eduardo Reyes Motto llevaba 34 años ligado a la Fuerza Aérea de Chile.

Restaban tres meses para cumplir treinta años de matrimonio, cuando el terrible accidente del avión Hércules que cayó al mar de Drake, en diciembre de 2019, costó la vida al padre de familia, el sargento Germán Eduardo Reyes Motto, quien llevaba 34 años ligado a la Fuerza Aérea de Chile.

Reyes Motto fue una de las 38 víctimas que cobró la mayor tragedia aérea en Chile, cuyo vuelo tenía como destino la isla Rey Jorge, en el territorio antártico. En esta misión correspondía transportar personal para revisar el oleoducto de combustible de la Base Aérea y realizar el proceso de aplicación de anticorrosivos a las instalaciones de la zona.

A 21 días de que sean formalizados, en la parte penal, el general (r) Eduardo Mosqueira junto a los oficiales, Julio Ojeda Puig, Marcelo Mella Bertetti, Allan Asenjo Contreras, bajo la figura de cuasidelitos de homicidios con resultado múltiple por el accidente del avión de la Fuerza Aérea, la familia del sargento Germán Reyes, interpuso una demanda de indemnización de perjuicios en contra del Estado de Chile, por 3.600 millones de pesos, que sería la primera de esta naturaleza que se presenta transcurridos un poco más de tres años de la tragedia que se precipitó cuando la aeronave institucional viajaba con 38 personas entre la Base Aérea Chabunco, en Punta Arenas y la Base Presidente Eduardo Frei, en la Antártica.

El juicio civil ante el Primer Juzgado de Letras de Punta Arenas, se puso en marcha el pasado 31 de enero, cuando los abogados Cristián Arias y Maximiliano Delgado, actuando por la viuda Patricia Ramírez Silva y de sus hijos Eduardo y Patricia Reyes Ramírez, todos domiciliados en la Región Metropolitana, presentaron la demanda indemnizatoria de perjuicios.

La acción legal está dirigida en contra del fisco de Chile, representado en Punta Arenas por el procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado, Claudio Benavides Castillo.

Al Tribunal se solicita se acoja la demanda por el daño moral derivado de la muerte del suboficial de la Fuerza Aérea de Chile, Germán Reyes Motto, y también por las conductas adicionales y posteriores a este desenlace, y se declare la responsabilidad del fisco de Chile y se condene a pagar las sumas reclamadas, que en total ascienden a 3.600 millones de pesos, en razón de “la falta de servicio consistente en la operación de la aeronave Hércules C-130, con desperfectos en ese material de vuelo e incumpliendo con las medidas de seguridad que permitían su aeronavegación segura y sin riesgo para las personas, generando su colapso el día 9 de diciembre de 2019, con la consiguiente pérdida del material de vuelo y la muerte de las 38 personas a bordo”.

Además, agrega el escrito, “en forma posterior, el Estado vuelve a incurrir en falta de servicio, derivada de la deficiente respuesta de la Fuerza Aérea de Chile frente al siniestro, omitiendo tomar las medidas oportunas, realizando actuaciones tendientes a impedir el esclarecimiento de los hechos y sin dar una respuesta de certidumbre a las víctimas respecto de esta tragedia”.

Se plantea que la relación familiar de los demandantes con su cónyuge y padre, fue siempre unida, “permaneciendo juntos por varios años y formando una hermosa familia, que evidentemente se destruyó a raíz de esta trágica muerte, siendo una pérdida irremplazable para ellos”.

Se hace presente que el sargento Germán Reyes cumplió 34 años en la Fuerza Aérea y que siempre fue su mayor anhelo pertenecer y permanecer en la institución aérea, que la consideraba su segunda familia. “Siempre tuvo una actitud de plena disposición con su trabajo, compañeros y superiores, su trabajo lo desempeñaba con gran pasión, siendo en este contexto de dedicación a sus funciones en la Fach que lamentablemente le correspondió transformarse en víctima de la tragedia del 9 de diciembre de 2019”.

En la presentación legal se enfatiza que transcurrido más de tres años desde el fallecimiento de las 38 personas, la Fuerza Aérea de Chile no entrega respuesta alguna de la justificación real del colapso de la aeronave. 

El daño moral sufrido por la esposa y dos hijos como consecuencia de la tragedia, fue calculado en 800 millones de pesos respecto de cada uno de los demandantes, y de otros 400 milllones de pesos, también respecto de cada uno, en lo referido a la tardanza y deficiente identificación de los restos de las víctimas, y la existencia de actuaciones tendientes a impedir el esclarecimiento de los hechos. Las sumas pretendidas totalizan los 3.600 millones de pesos.

La demanda fue acogida a trámite por la jueza Flavia Guajardo Hermosilla, quien ordenó su notificación al demandado, el Consejo de Defensa del Estado, en Punta Arenas.

Precedente

Uno de los abogados firmantes de la demanda, Cristián Arias, fue uno de los patrocionantes también de un grupo de familiares, que en septiembre de 2011, perdió a sus seres queridos en un accidente aéreo en la isla Juan Fernández, protagonizado por un avión Casa C-212 de la Fuerza Aérea de Chile, donde fallecieron 21 personas. La causa civil iniciada en 2013, llegó a su fin a comienzos de 2022 en la Corte Suprema, que elevó las indemnizaciones por daño moral y lucro cesante, a $2.330.223.076.

No se hallaron los restos
del suboficial Germán Reyes

A pesar que no se encontraron restos biológicos específicamente en relación al suboficial Reyes Motto, según fue informado por el Servicio Médico Legal, su muerte presunta fue declarada judicialmente por resolución de fecha 26 de junio de 2020, dictada por el Primer Juzgado de Letras de Melipilla.

Germán Eduardo Reyes había nacido el 25 de diciembre de 1966, fijándose como fecha presuntiva de su muerte “el 9 de diciembre de 2019, día donde se tuvieron las últimas noticias de la persona indicada”, señala el fallo del juez José Nesvara Herrera.

Por tragedia aérea
Suboficial de la Fach busca anular ampliación de querella

Un recurso de reposición presentó el abogado del suboficial de la Fuerza Aérea de Chile, sargento 2º Emanuel Carrasco Millaquén, en contra de la última querella interpuesta por el trágico accidente aéreo que en 2019 cobró la vida de 38 personas.

Los abogados de 22, del total de las víctimas fatales, Cristián Arias Vicencio y Maximiliano Delgado González ingresaron una ampliación de querella. Ahora dirigida en contra de un oficial y dos suboficiales de la institución por delitos de carácter aeronáuticos. Esto es “emitir comunicaciones o señales falsas indebidas”, y también por “el que omitiere efectuar las señales o comunicaciones debidas”.

Por tales circunstancias se querellaron en contra del suboficial Carrasco; del teniente Ricardo Villagra Cornejo y del cabo 1º Jonathan Escobar Benavides. 

El avión Hércules salió desde Punta Arenas ese 9 de diciembre con destino a la Base Aérea Presidente Eduardo Frei Montalva, pero nunca llegó a destino.

Cristián Ahumada Buracchio, abogado del suboficial, presentó el recurso de reposición en contra de la resolución del Tribunal de Garantía de fecha 30 de enero de 2023, que acogió a trámite la ampliación de la querella.

Según el jurista la resolución es errónea y contraria a derecho y pide, a través de este recurso, que “el Tribunal de Garantía deje sin efecto la resolución mediante la cual tuvo por ampliada la querella criminal, declarándola inadmisible, por cuanto los hechos denunciados no constituyen delitos”.

Los mismos se refieren a actos u omisiones en que habrían incurrido Emanuel Carrasco; Ricardo Villagra Cornejo, teniente; y Jonathan Escobar Benavides, cabo 1°, en cumplimiento de sus funciones profesionales en actos propios del servicio.

“Se imputa a este personal ciertos incumplimientos de sus funciones que podrían constituir infracciones administrativas o bien encontrarse tipificadas y sancionadas en el Código de Justicia Militar, y no como se ha señalado erróneamente en el Código Aeronáutico”, argumenta el abogado Ahumada.

Previo a resolver la solicitud de reposición, el tribunal queda a la espera de lo que puedan argumentar el Ministerio Público y los abogados querellantes Vicencio y Delgado.