Ninguno de los 4 formalizados por la tragedia del avión Hércules podrá salir del país

“Siendo el imputado Eduardo Mosqueira comandante en jefe de la Cuarta Brigada Aérea, responsable de los vuelos a la isla Rey Jorge, debió haber supervisado personal y activamente el cumplimiento de la normativa y reglamentos, o haber designado a funcionarios competentes para supervisar estas operaciones. Lo que no ocurrió en este caso”

Infracciones a reglamentos institucionales, incumplimiento de algunos procedimientos, la no entrega del mantenimiento del avión Hércules a “profesionales habilitados”, y la no protección del personal bajo su mando, son algunas de las imputaciones que el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, comunicó a los oficiales de la Fuerza Aérea de Chile por el accidente del avión C-130 que cobró la vida de 38 personas.

Después de tres años y tres meses de este fatal accidente aéreo, ocurrido el 9 de diciembre de 2019, el Ministerio Público formalizó ayer a los oficiales de la Fach en servicio activo Julio Andrés Ojeda Puig, Marcelo Alejandro Mella Bertetti y Allan Ignacio Asenjo Contreras. Además del ex comandante en jefe de la Cuarta Brigada Aérea, general en retiro Eduardo Marcelo Mosqueira Cruz.

Todos en calidad de “autores de cuasidelito de homicidio”. 

Según el relato de Campos, estando el avión militar posado en la base aérea Chabunco de Punta Arenas, “los oficiales Ojeda Puig, Mella Bertetti y Asenjo Contreras, no tomaron las medidas necesarias para corregir la práctica irregular de concurrencia alternada a las misiones, de un especialista electro electrónico aéreo función electrónica y de un especialista electro electrónico aéreo función instrumentos, infringiendo con ello lo que dicen los reglamentos”.

De acuerdo a esto, la falla de instrumentos que presentó la aeronave, se resolvió mediante una manipulación incorrecta de los indicadores de cantidad de combustible de los estanques, permitiendo así la introducción de corriente de alto voltaje en los mismos, generando con ello, un colapso durante el vuelo del avión Hércules, “lo que habría provocado presuntamente su abrupto desplome en el mar de Drake, luego de reportar su última posición a las 18,13 horas”.

A los tres imputados les atribuye responsabilidad por permitir normalizar la práctica de alternancia de roles.

Cuando el avión llegó a Punta Arenas, procedente de Santiago, se presentó una falla en los indicadores de cantidad de combustible de los estanques número uno y cuatro. “Al ser un instrumento de cabina corresponde ser analizado por la especialidad electro electrónico aéreo, función instrumento. Sin embargo, a raíz de esta práctica irregular de alternancia de roles turnos le correspondió al cabo Sergio Romero asumirla, pero él no estaba habilitado para estas funciones específicas y no tenía la capacitación. Por eso se comunicó por whatsapp, videos llamadas, audios y mensajes de texto con especialistas electro electrónicos en Santiago, a quienes les pidió asesoramiento”. 

Al permitir esta práctica irregular los tres imputados infringieron el reglamento de régimen interno y el manual de organización. Ya que debieron procurar de que a la aeronave se le efectuara un mantenimiento adecuado. Esto derivó en la práctica en una situación de peligro en el vuelo del 9 de diciembre, cuando surgieron fallas de los indicadores de estanque de combustibles.

Ex comandante

En el caso del general en retiro Eduardo Mosqueira, el fiscal le atribuye responsabilidad por “no implementar un sistema de gestión de seguridad operacional en la IV Brigada Aérea, que garantizara la ejecución segura de los vuelos en su jurisdicción. Por lo anterior, el incumplimiento de normativas reglamentarias por parte del imputado generó un aumento del riesgo permitido, ya que de haber realizado las acciones de supervisión que le correspondían, la aeronave no habría despegado, evitando con ello la muerte de los 38 tripulantes y pasajeros del Hércules”.

A Mosqueira le atribuyó la calidad de “operador militar aeronáutico institucional”, porque era responsable directo de supervisar el cumplimiento y funcionamiento de las normas y procedimientos.

“Siendo el imputado Eduardo Mosqueira comandante en jefe de la Cuarta Brigada Aérea, responsable de los vuelos a la isla Rey Jorge, debió haber supervisado personal y activamente el cumplimiento de la normativa y reglamentos, o haber designado a funcionarios competentes para supervisar estas operaciones. Lo que no ocurrió en este caso”.

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas fijó un plazo de 8 meses para el cierre de la investigación y los cuatro imputados quedaron con medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.