Cobarde asesinato de carabinera Rita Olivares
El país despertó este domingo conmocionado al conocer el cobarde asesinato de la sargento de Carabineros, Rita Olivares, madre de dos hijos adolescentes, muerta de un disparo en la cabeza en el marco de un procedimiento por robo en la comuna de Quilpué, Región de Valparaíso.
La uniformada se transformó en la mártir 1.232 de la institución policial.
El crimen generó la condena transversal de todo el espectro político y tal como suele ocurrir en este tipo de hechos, de inmediato las autoridades golpearon la mesa anunciando la presentación de una querella criminal en contra de los responsables.
Desde hace un tiempo, para una parte de la sociedad chilena hoy agredir a un carabinero está normalizado cada vez que se produce un enfrentamiento con delincuentes.
Hace dos semanas, con ocasión de la muerte del cabo Alex Salazar, fue que el director general de Carabineros, Ricardo Yáñez, embargado por la pena, rabia e impotencia, emplazó al Parlamento a legislar y entregar las herramientas necesarias a la institución para defenderse de la delincuencia, crimen organizado y narcotráfico.
Más allá del castigo que pueda imponer la justicia respecto de los últimos asesinatos de carabineros, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, están llamados a poner el acelerador a fondo y poner rapidez a normas tan importantes en materia de seguridad, como son las denominadas Ley Retamal y Ley Naín, y también aquella norma que busca cambiar el concepto de proporcionalidad de la fuerza por el de razonabilidad de la fuerza.
Nuestras policías demandan reglas claras para enfrentar el nivel de violencia que sacude al país, donde el uso de la fuerza se encuentre reglamentado por la ley, de tal manera que no haya dudas respecto de las actuaciones de los miembros de las fuerzas de Orden y Seguridad.
