Fiscalía busca la prisión para 4 migrantes que fueron detectados trabajando en Porvenir con documentación falsificada

Una fiscalización realizada por oficiales de la PDI en la planta Nova Austral de Porvenir, donde con ocasión de dicho procedimiento fueron detectados laborando cuatro ciudadanos extranjeros en condición irregular en el país, tiene enfrentados al Ministerio Público y al Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir.

El procedimiento investigativo policial derivó en la comisión de un delito fragante de falsificación y uso malicioso de documentos públicos.

En rigor, el 18 de mayo, detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Punta Arenas, pusieron en marcha una fiscalización de ciudadanos extranjeros al interior de Pesca Nova, en la capital de la provincia de Tierra del Fuego.

Al momento de solicitar la documentación a cuatro de ellos, todos colombianos, éstos acreditaron que se encuentran trabajando de manera regular en la citada empresa. Su permiso laboral emanaba del Servicio Nacional de Migraciones de fecha 21 de noviembre de 2022 con un plazo de vigencia por 180 días. Sin embargo, los permisos fueron objetados por la dirección regional del Servicio de Migraciones, al establecerse que la documentación exhibida correspondería a un certificado de residencia definitiva, a nombre de una ciudadana de nacionalidad dominicana, con fecha de creación, 20 de noviembre de 2019.

En razón de lo anterior, todos ellos fueron detenidos por falsificación y uso malicioso de documentos públicos, por lo que al día siguiente comparecieron en calidad de imputados ante el Juzgado de Garantía de Porvenir, donde el fiscal Sebastián Marín los formalizó por el delito antes mencionado. Se trata de Leidy Murillo Morán, Doris Caicedo Caicedo, Yefferson Suárez y Jaime Murillo Palacios.

En aquella audiencia, el Ministerio Público postuló ante el juez imponer a todos ellos la medida de prisión en la cárcel de dicha ciudad, al asegurar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y que existía un peligro real de fuga, ello en atención a los delitos formalizados, la gravedad de la pena asignada a los mismos.

Peligro de fuga

Sobre el peligro de fuga, para el fiscal a cargo “cobra relevancia la situación migratoria de los imputados, la cual es irregular para todos y cada uno de ellos, y el hecho precisamente de haber falsificado y haber hecho uso de un instrumento publico falso, esto es un supuesto permiso de trabajo con visa en trámite expedido supuestamente por el Servicio Nacional de Migraciones de Chile, todo con el objeto de burlar el control y fiscalización de la autoridad, que en este caso recae en la Policía de Investigaciones de Chile”.

Asimismo, el fiscal Marín planteó que ninguno de los imputados posee R.U.N chileno, sumado a su situación migratoria irregular, son elementos suficientes para estimar que existe un peligro real de fuga, pues no existe registro de ellos en nuestro país, y no existe certeza de quiénes son.

La defensa, representada por el abogado Paulo González, se opuso a decretar la prisión para todos ellos, acusando al Ministerio Público de estar “criminalizando la inmigración irregular, indicando que esto no constituye delito, y que el documento impugnado como instrumento público no era tal, sino más bien se trataba de un documento con firma electrónica avanzada, agregando que los imputados tienen arraigo en el país, viven con sus familias y se encuentran trabajando con contrato de trabajo.

Por su parte, el juez Pablo Aceituno, estimó que no concurre el peligro real de fuga invocado por el Ministerio Público, por lo que la prisión preventiva parece excesiva, disponiendo solamente la medida cautelar de arraigo comunal para cada uno de los imputados.

Apelación

Teniendo la firme convicción que lo resuelto por el tribunal fueguino resulta errado, el fiscal Marín apeló la medida cautelar, recurriendo ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, la que hoy debiera pronunciarse sobre su pretensión.