Sistema Nacional de Seguridad Municipal

El gobierno lanzó ayer el Sistema Nacional de Seguridad Municipal, remarcando que nunca más las municipalidades van a tener que concursar para obtener recursos para la prevención del delito y seguridad, pues éstos serán asignados a través de un índice de vulnerabilidad sociodelictual.

El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, indicó que en tal índice se caracteriza a todos los municipios del país sobre la base de una serie de factores, como ilícitos por gravedad, delitos contra la mujer, la población comunal y flotante, recursos propios de las municipalidades, entre otros.

Este sistema será complementario al plan Calle sin Violencia, pues las 45 comunas que forman parte de este último están también consideradas en el sistema nacional de prevención del delito.

Cabe precisar que, en todo caso, el índice usado para el plan Calle sin Violencia es distinto a la caracterización sociodelictual del plan nacional, pues el primero tiene como principal referente el ranking de homicidios y en el segundo se baraja una serie de factores para dividir las comunas.

En total, son 120 comunas las que han sido calificadas de urgentes y 225 como rotativas en el recién anunciado Sistema Nacional de Seguridad Municipal.

Según lo expresado por el Ejecutivo, este sistema nacional quiere tanto fortalecer las capacidades de las municipalidades en materia de prevención y seguridad pública como establecer un criterio de equidad territorial. Esto último, porque se espera llegar a todas las comunas del país, a las que tienen mayores problemas de seguridad, pero también a aquellas más pequeñas y apartadas. De ser así, será la primera vez que municipalidades que antes no recibían ni asesorías ni financiamiento comiencen a percibirlos.

De hecho, hay más 15 municipios de Chile que nunca han recibido recursos de seguridad desde el gobierno y hoy lo van a hacer. Otros 35 no percibían ni un solo peso hace cinco años para prevención del delito.

Si bien se priorizarán comunas, el sistema está pensado para lograr una cobertura universal en enero próximo respecto del apoyo financiero y también en la nivelación, en parte, de las desigualdades y el establecimiento de lo que se denominó un mínimo común preventivo.

Cabe valorar la iniciativa, pues va en el sentido de las demandas ciudadanas y de las urgencias que el gobierno debe fijarse para encarar de una forma más efectiva el avance de la delincuencia y el aumento de los niveles de violencia en la que ésta se está expresando.