La salida de Jackson (II): los convenios, el rol de fiscalizador y la descentralización

Siguen los análisis sobre la renuncia de Giorgio Jackson y comienza a desentrañarse que este paso, por sí solo, no bastará para que el gobierno pueda retomar su agenda y pueda contar con la voluntad de diálogo de la oposición. Algunos vienen insistiendo en un nuevo cambio de gabinete, lo que puede aportar en algo, pero no será suficiente.

Estamos frente a una crisis de confianza que, obviamente, ha sido reforzada o precipitada por el caso “convenios”.

Esto ha dado pie a una verdadera caza de brujas, donde no sólo parlamentarios, sino consejeros regionales han salido a acusar a diestra y a siniestra. 

A nivel regional, nadie se opone a que, si existen sospechas, se pida transparentar la información a los gobiernos regionales sobre la forma en que han invertido y usado los recursos públicos.

Lo paradojal es que ahora todos quieren rasgar vestiduras sobre las facultades que tienen los gobernadores, autorizados, entre otros, por la propia Contraloría General de la República. El ente contralor permitió que éstos puedan, por ejemplo, realizar transferencias directas inferiores a 7 mil UTM sin tener que pedir el consentimiento del Consejo Regional.

Como en otros escándalos, muchas instituciones parecieron no cumplir con sus funciones. Según el ordenamiento chileno, hay varias instancias que pueden y deben cumplir un rol fiscalizador, entre ellos los integrantes de la Cámara de Diputados, del Consejo Regional y del Concejo Municipal.

Aquí la prioridad es verificar si el accionar de las principales autoridades políticas y los funcionarios de la administración pública se enmarca con la legislación vigente y los criterios de probidad.

En los gobiernos regionales, esta función la cumple el Consejo Regional y el control está a cargo del Organo Regional de Control Interno, el cual depende de la Contraloría.

Por ello, cuando hoy nos sorprendemos por el caso “convenios” y todo lo que se ha develado después, también deberíamos sorprendernos y cuestionar a quienes no han cumplido su función: consejeros regionales y
Contraloría.

Lo preocupante de este momento no es que se presione a los gobernadores regionales por mayor transparencia y que surjan buenas iniciativas que apelan a establecer mayor control y un sistema más estandarizado y accesible para que quede claro dónde, cómo y a través de quienes se están invirtiendo los recursos públicos. Lo que inquieta es que esto puede, a corto y mediano plazo, terminar afectando al proceso de descentralización y al traspaso de facultades y necesaria autonomía que requieren los gobiernos regionales.