Con énfasis en Magallanes piden incorporar nuevas acciones en política de hidrógeno verde

Incorporar una serie de acciones claves para un buen desarrollo de la política sobre hidrógeno verde, es la propuesta que impulsa la Cámara de Diputados a través de la aprobación de la denominada “Resolución 950”.

La propuesta -dirigida al Ejecutivo- fue presentada por un grupo de legisladores, entre quienes se encuentra Javiera Morales, con el objetivo de fortalecer la evaluación de impacto ambiental de los proyectos de la nueva industria energética y a considerar todas las guías ambientales pendientes que son necesarias para las evaluaciones ambientales por parte del Sea y del Ministerio del Medio Ambiente.

Además, se pretende impulsar políticas públicas que aseguren que esta industria contará con un encadenamiento productivo en el que se promueva la industrialización nacional, y potenciar los cambios regulatorios necesarios que aseguren que un porcentaje importante de la energía eólica y solar, producida por la industria de hidrógeno verde en Magallanes y otras regiones, se inyecte a la matriz energética de estos territorios. La idea -se agregó- es apoyar la descarbonización de dichas  ciudades y transformarlas en los primeros territorios verdes de Chile.

En cuanto a Magallanes, se pone énfasis en la necesidad de revisar las actuales leyes de excepción e implementar un nuevo Fondo Regional o ampliar el actual Fondema, regulado por la Ley 19.275, de 1993. El objetivo es retener una parte significativa de los impuestos recaudados por la producción de hidrógeno verde.

Además de Javiera Morales, la moción correspondió a los diputados de Convergencia Social  María Francisca Bello, Lorena Fries, Diego Ibáñez, Emilia Schneider, Gonzalo Winter y Gael Yeomans, y a las independientes Mercedes Bulnes, Marcela Riquelme y Clara Sagardía, quienes reafirmaron la necesidad de  potenciar el paso que dio Chile en junio de 2022.

En esa oportunidad y en materia de combate al cambio climático, se aprobó una nueva Ley Marco que regula la nueva institucionalidad requerida para poder enfrentar la crisis socioambiental que está viviendo el planeta y fija metas ambiciosas y necesarias para que Chile pueda reducir la emisión de gases de efecto invernadero y convertirse en un país carbono neutral para el año 2050.