Fútbol y argentinos “derechos y humanos”: cuando la dictadura le quiso ocultar sus crímenes a una misión internacional

El 6 de septiembre de 1979, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó al país para investigar las violaciones de los derechos humanos que estaba cometiendo la dictadura. La junta militar trató de contrarrestarla con una agresiva campaña publicitaria, pero nada impidió que el mundo conociera miles de denuncias de presos y familiares de desaparecidos.

La mañana del 6 de septiembre de 1979 las carteleras de vía pública de la ciudad de Buenos Aires amanecieron con unos afiches con fondo de la bandera argentina y una frase que desde hacía semanas se venía escuchando y leyendo hasta el hartazgo: “Los argentinos somos derechos y humanos”.

Nadie se adjudicaba la autoría del afiche como tampoco, en los días anteriores, de los autoadhesivos y las cajitas de fósforos carterita que circulaban con el mismo formato, pero era evidente que no se trataba de una acción espontánea sino de una estrategia propagandística de la dictadura que se había apropiado del país con la fuerza de las armas y el terror hacía ya tres años y medio.

El slogan -bizarro y pretendidamente creativo- era en realidad una invención de Burson Marsteller, una agencia de relaciones públicas con sede en Nueva York que hacía campañas publicitarias al servicio de la mayoría de las dictaduras militares de los países latinoamericanos.

Era la misma agencia que más de un año antes había pretendido instalar la existencia de una “campaña antiargentina”, en coincidencia con la realización del Mundial de Fútbol de 1978, para contrarrestar las denuncias internacionales sobre los crímenes de lesa humanidad que cometían los civiles y militares en el poder.

La estrategia utilizada para aquel campeonato, que intentaba mostrar al mundo una Argentina pacífica y ordenada, se había venido abajo el mismo día del inicio del torneo, cuando un equipo de periodistas de la televisión neerlandesa cubrió la ronda de las Madres de Plaza de Mayo que se realizaba a la misma hora que la ceremonia inaugural.

Los neerlandeses transmitieron por satélite, simultáneamente, la ceremonia del Estadio Monumental y la ronda de las Madres. A pantalla partida… y esa imagen llegó primero a Países Bajos y luego al resto del mundo.

El jueves siguiente, decenas de periodistas extranjeros se acercaron a la Plaza para cubrir la ronda y entrevistar a las Madres. De todas esas entrevistas, hay una que –en términos de hoy – se hizo viral. Una madre dice frente a las cámaras:

-Hace dos años que estamos así. No quiero un hijo sólo, no quiero que aparezca sólo mi hijo. Queremos que aparezcan todos.

-¿Cuántos son? – le pregunta un periodista.

-¡Miles! Miles en todo el país – responde.

Y otra madre, con una claridad impresionante, cuenta lo que sucede en el país del Mundial: “Nosotras queremos saber dónde están nuestros hijos. Vivos o muertos. Dicen que los argentinos que están en el exterior dan una imagen falsa del país. Nosotras que somos argentinas, que vivimos en Argentina, le podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación y tristeza. Porque no nos dicen dónde están nuestros hijos, no sabemos nada de ellos. Nos han quitado lo más preciado. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen hambre, si tienen frío. Y desesperación porque no sabemos a quién recurrir. Por eso les rogamos a ustedes. Son nuestra última esperanza. Por favor. ¡Ayúdennos! ¡Ayúdennos, por favor!”.

A partir de ese momento, el mundo entero supo lo que sucedía en la Argentina.

La dictadura
en la mira

Quince meses más tarde, la campaña de “los argentinos somos derechos y humanos” tenía como objetivo contrarrestar la visita de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se iniciaba ese 6 de septiembre con el fin de investigar las denuncias sobre violaciones de derechos humanos que cometía la dictadura y entrevistar a presos y familiares de detenidos-desaparecidos.

La Junta Militar había intentado evitarla por todos los medios, pero la presión internacional -y fundamentalmente la del gobierno de los Estados Unidos- la había obligado a aceptarla.

“Había créditos del Eximbank para Argentina que estaban parados y el Departamento de Estado prometió que los otorgaría si se dejaba entrar a la CIDH. La dictadura controlaba los medios; los partidos políticos estaban prohibidos; no había movilizaciones ni actos de ningún tipo. Yo creo que los militares pensaron que podían manejar la visita, y que, a lo máximo, sería una molestia pasajera. No tenían la más mínima idea del contexto internacional, como lo demostraron después con la guerra de Malvinas”, recordaría años después Simón Lázara, dirigente socialista e integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

La CIDH existía desde varios años antes, pero era una oficina de poco peso. El triunfo del demócrata James Carter en las presidenciales estadounidenses a fines de 1976 había puesto una alerta en las dictaduras del Cono Sur de América Latina.

Cuando los halcones dejaron la Casa Blanca y las dictaduras militares comenzaron a recibir otro trato, mucho menos contemplativo, por parte de los Estados Unidos. A la Argentina, de inmediato, le bajaron a la mitad el presupuesto para la compra de armas y Carter amenazaba con duras sanciones por las denuncias que llegaban a la Casa Blanca.

El Presidente demócrata designó a Patricia Derian, una reconocida militante contra el racismo en sur de Estados Unidos, como la persona clave en la relación con la Argentina. Esa mujer alta, tan enérgica como delgada, viajó dos veces a Buenos Aires en 1977. En la segunda, incluso, fue recibida por el marino Eduardo Emilio Massera en la oficina que el jefe naval tenía en la Esma mientras allí se torturaba y se exterminaban prisioneros.

Después de eso, el propio vicepresidente de Estados Unidos, Cyrus Vance, le pidió al dictador Jorge Videla que diera explicaciones sobre la situación de los desaparecidos. El presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el socialista y dirigente de los maestros Alfredo Bravo, había sido secuestrado y brutalmente torturado. “Me salvaron la vida”, diría Bravo después sobre estas gestiones llevadas a cabo en Washington.

Algo similar dijo Jacobo Timerman, director del diario La Opinión, por quien la Casa Blanca hizo fuertes presiones para lograr que lo liberaran luego de haber sido secuestrado por la dictadura.

La llegada de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos significaba un nuevo golpe para la imagen de los dictadores.

Maniobras intimidatorias

Los juristas de la CIDH estaban encabezados por su presidente, el venezolano Andrés Aguilar, que había sido titular de la Suprema Corte de su país. Al día siguiente de su llegada, el viernes 7 de septiembre, la delegación se instaló en las oficinas de la OEA en Avenida de Mayo al 700, a pocas cuadras de la Casa Rosada.

Ese mismo día, el fútbol entró nuevamente en escena por la consagración de la selección juvenil argentina, Diego Maradona y Ramón Díaz como estrellas, en el Mundial de Japón. Argentina venció 3 a 1 a la Unión Soviética en una final que se jugó a la noche en Tokio pero que, por la diferencia horaria, se festejó el viernes a la mañana en la Argentina.

Aprovechando ese triunfo, el relator deportivo y firme defensor de la dictadura José María Muñoz lanzó un desafío abierto a la CIDH desde su programa La Oral Deportiva de Radio Rivadavia. “Vayamos todos a Avenida de Mayo y demostrémosles a estos señores que la Argentina no tiene nada que ocultar”, pidió Muñoz. La intención era clara: amedrentar tanto a los integrantes de la delegación como a los familiares de desaparecidos que se acercaban para hacer sus denuncias.

“Pasaban los chicos festejando junto a la fila donde estaban los familiares, pero en general no hubo insultos o agresiones, salvo algunos que eran perfectamente identificables como provocadores. La gente no se metió con nosotros”, contó después Otilia Renou, de la APDH.

Muñoz, Videla y
la selección

Así, mientras la CIDH recibía las primeras denuncias, el “Gordo” Muñoz arengaba desde la radio. Al rato, desde el vestuario, los dos jugadores salieron al aire desde Japón y Muñoz los cruzó al aire con el dictador Videla, que había seguido el partido desde los estudios de ATC.

“Quiero hacerle llegar a usted en mi nombre, en nombre del pueblo argentino, porque está ya ese pueblo con afecto volcado en las calles gritando ‘¡Argentina! ¡Argentina!’. Hacerle llegar, digo, mi más cordial saludo a usted por la destacadísima actuación que le cupo no solamente es este partido sino en toda esta campaña futbolística. Pero también quiero hacerle llegar mi complacencia a usted, en calidad de capitán, por haberse nucleado en ese equipo de jóvenes que está compuesto por tantas individualidades, un sentido, un sentimiento de equipo que nos muestra todo lo que pueden hacer todos los argentinos cuando se dedican a trabajar juntos (…) Y tengan también por seguro que constituyen a través de este evento un claro ejemplo para todos los jóvenes argentinos, que más allá del triunfo del partido, ven a ustedes el triunfo de una juventud optimista que quieren mirar hacia el futuro con amor, con esperanza, con fe. Espero poder verlos a su regreso, que tengan una feliz estadía en ese maravilloso país del Japón y, en corto tiempo, podremos abrazarnos aquí en Buenos Aires”, le dijo el dictador al capitán de la selección.

El propio Videla se ocupó de que la selección triunfante adelantara su viaje: tras el triunfo y la entrega de trofeos, jugadores y cuerpo técnico viajaron a Río de Janeiro desde Tokio. Allí los esperaba un avión oficial que los llevó a Ezeiza, desde donde –sin recoger el equipaje-, los llevaron en dos helicópteros del Ejército a la cancha de Atlanta y luego en caravana de micros a la Casa Rosada: todo debía coincidir con el horario de salida del trabajo.

Un informe contundente

Pese a las presiones y el montaje preparado por la dictadura, la misión siguió adelante. La comisión estuvo del 7 al 10 de septiembre en Buenos Aires, del 10 al 14 en Córdoba, 14 y 15 en Tucumán, luego los juristas pasaron por Rosario y finalmente volvieron a la Capital para emprender el regreso a Washington el jueves 20 de septiembre.

Habían visitado los centros clandestinos de detención de La Rivera y La Perla, en Córdoba, y El Atlético, el Olimpo y la Esma -que habían sido previamente vaciados por los militares- además de varias cárceles legales.

Tenían miles de denuncias, las suficientes para confeccionar un informe con la situación represiva en la Argentina. Habían estado con Emilio Fermín Mignone, con el democristiano Augusto Conte, con Raúl Alfonsín, Enrique y Graciela Fernández Meijide, Alfredo Bravo, Simón Lázara, entre otros integrantes de organismos de derechos humanos.

El informe final de la CIDH -que continúa en la página web de ese organismo dependiente de la Oea- se conoció un año después en forma de libro, aunque los argentinos no pudieron leerlo, porque la dictadura lo censuró.

La conclusión fue tajante: “Por acción u omisión de las autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período a que se contrae este informe -1975 a 1979- numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos reconocidos en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre”, decía.

Fue un golpe definitivo para la imagen de la dictadura frente al mundo.

Infobae