Denuncia de personas que no sufragaron y el deber de votar

El restablecimiento del voto obligatorio fue una medida adoptada luego de que fuera acrecentándose la brecha entre el padrón electoral y el número efectivo de ciudadanos que acudía a las urnas.

Así, la abstención comenzó a surgir como un “protagonista” de los distintos comicios, siendo preocupante su aumento sostenido y las implicancias que ello tendría para nuestra democracia, en cuanto a la legitimidad de las autoridades electas o procesos sancionados al ser exigua y poco representativa de la mayoría la cantidad de votantes.

Siendo significativo para el destino del país, se resolvió establecer la obligatoriedad del voto para el pasado plebiscito constitucional de 4 de septiembre de 2022. Luego, sería en diciembre del año pasado que se repuso el voto obligatorio para todas las elecciones, excepto las primarias.

Igualmente, la inscripción en el registro electoral es automática para todos los chilenos y los extranjeros que cumplan con los requisitos que impone la ley.

En tal contexto, le correspondió al Servicio Electoral denunciar a aquellas personas habilitadas para sufragar en el pasado plebiscito constitucional y que no acudieron a cumplir con su deber ciudadano.

A nivel nacional, fueron casi 2 millones 34 mil personas las que fueron denunciadas. En Magallanes, esta cifra se acotó a 39 mil 276 electores que incumplieron con la referida obligatoriedad.

Cuando las personas sienten que el transgredir las normas y las disposiciones legales no tiene ningún efecto ni sanción, es natural que sobrevenga un relajo de las conductas. Por ello, si se espera que la reposición del voto obligatorio tenga el efecto deseado, es decir, que más personas acudan a las urnas y expresen sus preferencias, se requiere que el Servel y los Juzgados de Policía Local persigan que haya un castigo.

Sin embargo, esto por sí no basta, pues hay personas dispuestas a “correr el riesgo” y pagar una multa. Es imperativo reforzar la educación cívica, tanto en los hogares como en los establecimientos educacionales. Cada habitante del país y, en ese caso, de la región tiene que entender cuáles son sus derechos, pero también por qué es importante cumplir con sus deberes ciudadanos y de qué manera se protege la democracia con aquello.