Jueces acusan “intromisión” del gobierno luego de recurrir a Suprema por juez que liberó lista de testigos

La Asociación Nacional de Magistrados cuestionó al gobierno por recurrir a la Corte Suprema para evaluar la conducta del juez Héctor Barraza, quien liberó la lista de testigos protegidos a la defensa de Los Gallegos, el brazo armado del Tren de Aragua en el norte del país.

Recordemos que este viernes la Corte de Apelaciones de Arica revirtió la decisión adoptada en primera instancia por Barraza y solicitó la devolución inmediata de los antecedentes.

La jueza Mariela Hernández, presidenta de la asociación, aseguró que el gremio cree que “la decisión del gobierno de remitir a la Corte Suprema los antecedentes que disponen sobre la decisión del juez de garantía Héctor Barraza, que en opinión del gobierno constituyen hechos graves que pueden comprometer su conducta ministerial, es una intromisión a la independencia de los jueces y las juezas en nuestro país”.

Hernández subrayó que las resoluciones judiciales pueden ser recurridas ante tribunales superiores, y es eso lo que ocurrió en este caso, por lo que la presentación del gobierno no se justifica.

“Como se evidencia en este caso, como en otros, las partes han hecho uso de las herramientas que confiere la ley, por lo que estimamos que el ejercicio de la facultad establecida en la Constitución en este caso afecta notoriamente la independencia judicial”, concluyó la presidenta de la Asociación de Magistradas y Magistrados.

Este viernes, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, afirmó que el juez de Garantía de Arica, Héctor Barraza, habría incumplido sus deberes funcionarios tras autorizar la entrega de nombres de testigos protegidos a la Defensoría Penal Pública, en un caso en que representan a imputados acusados de ser miembros del clan Los Gallegos, célula del Tren de Aragua que opera en el norte del país.

Si bien la determinación de Barraza fue echada por tierra por la Corte de Apelaciones de Arica, que dictó una orden de no innovar en relación al recurso de protección presentado por la Fiscalía Regional, el Presidente Gabriel Boric ordenó al titular de Justicia entregar los antecedentes a la Corte Suprema, la que podría sancionar al magistrado.

En paralelo, el Juzgado de Garantía de Arica ordenó a los defensores penales públicos Rodrigo Torres Díaz, Ginger Riffo Gaete, Violeta Alvarez Ramírez y Renato Moscoso Lucero devolver “de forma inmediata” los antecedentes entregados por el jefe de Servicios de este tribunal el miércoles, instrucción que ya fue cumplida por la Defensoría.