Bandas criminales en Magallanes
Hoy, se deberá realizar la audiencia de formalización de cargos contra 21 personas que fueron detenidas en el marco de un trabajo de investigación y seguimiento destinado a desbaratar una banda transnacional.
Se trata, según indicó el fiscal Crisosto, de un trabajo mancomunado entre la PDI, el Servicio Nacional de Aduanas y el Ministerio Público que, seguramente, demandó tiempo y personal dedicado a hacer las indagatorias y los chequeos que tal operativo requiere.
Entre los detenidos, hay personas de distinta nacionalidad: chilenos, argentinos, paraguayo y venezolanos. Por la envergadura y magnitud de los delitos, se pidió al tribunal mantener reserva al tratarse de la figura de asociación ilícita para lavado de activos.
Está siendo más frecuente que las policías y el Ministerio Público estén persiguiendo delitos, que no sólo tienen significación por los montos involucrados -en términos de narcotráfico y contrabando, por ejemplo-, sino respecto de la cantidad de personas asociadas a estas acciones delictivas.
Esta es otra señal del cambio de las formas delictivas y de cómo cada vez se está haciendo más compleja y especializada la orgánica y modus operandi de los grupos antisociales.
Magallanes era una región donde, más bien, se perseguían delitos cometidos por personas individuales y ahora es cada vez más frecuente que los casos más bullados tienen detrás a bandas organizadas. Esto último reporta un mayor peligro.
Nuestra región ofrece condiciones geográficas propicias para este tipo de acciones criminales, por sus extensas fronteras y demasiados puntos fronterizos vulnerables. Igualmente se viene pidiendo hace rato que no sólo se aumenten los controles en los pasos habilitados, sino que las aerolíneas informen a las policías los listados de pasajeros.
El crimen avanza en sus formas y estructuras y esto ya está siendo evidente en esta remota región, lo cual debe alertar a todas las autoridades gubernamentales, policiales y judiciales.
¿Tienen las policías, Aduanas, SII, Sag, Ministerio Público y los tribunales las capacidades y experticias para disuadir y combatir al crimen organizado? ¿Se destinarán los recursos que todo esto supone y demanda?
Quizás, la pregunta más rudimentaria frente a lo que está pasando es: ¿Existe algún plan de prevención o sólo se está respondiendo, con altibajos, a la ofensiva criminal?