Asociación de académicos presenta recurso de protección en contra de Umag y rector Maripani por “actos administrativos arbitrarios e ilegales”

Según versa la acción jurisdiccional presentada por la Asociación Regional de Académicos de la Universidad de Magallanes, el despido de 13 académicos anunciados y materializados a fines del 2023 se trató de “un acto administrativo arbitrario e ilegal que priva, perturba y amenaza el legítimo ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 19 N°2, 19 Nº3 y 19 N°24 de la Constitución Política de la República de Chile”. 

El recurso de protección presentado fue apoyado presencialmente, con una visita a la región, del presidente de la Federación Nacional de Académicos de las Universidades Estatales de Chile (Fauech), Guido Donoso Díaz.

Como se ha señalado con anterioridad y ratificado por informes evacuados por causas de protección interpuestas ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas por al menos cinco de los académicos desvinculados, el proceso se fundamenta en una evaluación docente o académica. Sin embargo, detallan que el proceso no fue transparente ni público y careció de pautas de evaluación y se efectuó sin una comisión establecida con anterioridad a los hechos que califica y con imparcialidad. A su vez, desde Vicerrectoría Académica no han desmentido la existencia de estos procedimientos de evaluación, pero también han sido denegado los accesos a la información.

Por dichos motivos, califican que “se ha instalado una amenaza velada para todos los miembros de la Comunidad Académica Universitaria en cuanto al ejercicio del poder del equipo de Rectoría respecto a sus vinculaciones contractuales, ya que, sin motivaciones, procedimientos reglados, de manera inmotivada y sin señalar más que una aparente facultad estatuida en dictadura, se puede desvincular al cuerpo de investigadores, académicos/as y algunos estudiantes de doctorado sin más”, dicta el recurso.

Según se expone en el recurso, el 19 de octubre del 2023, el rector Maripani habría creado una “Comisión Especial de Evaluación Académica Extraordinaria”, sin conocimiento de los académicos y sus superiores –fueron notificados de su existencia recién en el informe de la comisión emitido el 27 de diciembre-, lo que iría fuera de las competencias que le otorga su cargo. Además se indica que dicha comisión está integrada por personas que legalmente no pueden integrar una comisión de evaluación académica, entre los que se señalan la Vicerrectora Académica, el Vicerrector de Administración y Finanzas, la Vicerrectora de Investigación, Innovación y Postgrado, la Prorrectora y  la Secretaría de la universidad.

Finalmente, se solicita suspender las desvinculaciones, ordenando el reintegro a sus funciones académicas y de investigación a los afectados.