En Magallanes, hay más de 3.000 estudiantes migrantes, en su mayoría venezolanos y colombianos

De acuerdo a las estadísticas que manejan tanto el ministerio sectorial como el Servicio Local de Educación Pública, en nuestra región hay más de tres mil estudiantes migrantes, en su mayoría venezolanos y colombianos.

Con el objetivo de garantizar el derecho a la educación e inclusión de niños, niñas y estudiantes de origen extranjero, resguardando el acceso, permanencia y progreso en sus trayectorias educativas, el Ministerio de Educación presentó la actualización de la “Política de Niños, Niñas y Estudiantes Extranjeros. Garantía del derecho a la educación de personas en situación de movilidad”. 

Desde el Servicio Local de Educación Pública (Slep), se informó que, según la matrícula a noviembre de 2023 en establecimientos educacionales públicos de la región, había 1.483 estudiantes de extranjeros. La cifra puede variar a partir de ingresos recientes al sistema y cabe recordar que este dato no considera los jardines infantiles. En su mayoría, son venezolanos (386), colombianos (331) y argentinos (58). 

En la región, considerando, jardines infantiles, son más de tres mil, según lo informado por la seremi de Educación.

Respecto de esta actualización, la subsecretaria Alejandra Arratia, explicó: “El año pasado teníamos una política que ponía su énfasis en el acceso a la educación, lo que buscamos es que esta actualización asegure también la permanencia y el progreso a lo largo de la trayectoria educativa niños, niñas, jóvenes y personas adultas que vienen desde el extranjero y que estudian en nuestro país”. Esto va de la mano con las prácticas pedagógicas y con la formación de equipos docentes, directivos y asistentes de la educación que cumplen un rol muy importante en ámbitos vinculados a la convivencia”. 

Ejes de la política a favor de estudiantes migrantes

La actualización de la “Política de Niños, Niñas y Estudiantes Extranjeros del Ministerio de Educación” articula acciones institucionales que buscan asegurar la enseñanza y aprendizaje, el avance, progresión y certificación de las trayectorias educativas de extranjeros y migrantes, estableciendo acciones a corto y mediano plazo.

Esta política se organiza en cinco ejes que consideran diferentes líneas de acción que, en su conjunto, se abocan a garantizar el derecho a la educación. Entre ellas se contemplan: la formación y capacitación de diferentes actores del sistema educativo; el fortalecimiento de las capacidades institucionales y territoriales; y la disposición de mecanismos de monitoreo y análisis de datos que promuevan la toma de decisiones y el acompañamiento de las trayectorias educativas de niños, niñas y estudiantes extranjeros; entre otras.