Formalizan a ex defensor público de Natales por cohecho reiterado

Serían al menos cuatro casos, en que el abogado Rigoberto Marín solicitó dineros para asegurar calidad en la defensa de sus representados o bien para realizar diligencias paralelas, como peritajes particulares, para lo que cobraba sumas millonarias. Según expuso -durante la audiencia de formalización de cargos- el Consejo de Defensa del Estado, querellante en la causa, sería un caso único en el país de la comisión de delitos de cohecho por parte de un defensor penal público, afectando al sistema de justicia en su conjunto.

El primero de julio del año pasado, el imputado Rigoberto Marín Andrade asumió como defensor público de Puerto Natales, manteniendo su oficina de atención al público en la Defensoría Penal Pública y siendo el único abogado para dicha comunidad, lo que implica que todo aquél que haya cometido delitos en Natales y no pudiera optar a abogado particular tenía que ser defendido por Marín.

Dentro de sus funciones habría representado al menos a cuatro imputados en sus respectivos controles de detención y audiencias de formalización, para posteriormente solicitarles dinero para “ejercer de mejor manera la defensa y tratar con mayor preminencia” futuras etapas judiciales, lo que implicaba supeditar la calidad a un pago.

Los precios cobrados por sus servicios eran variados y contemplaban facilidades de pago, como pago en cuotas, con entregas de dinero en efectivo en las dependencias de su oficina o transferencias bancarias, una parte antes y otra después de logrado o efectuado algún proceso judicial.

Casos de cohecho

La causa se inició por un correo electrónico de fecha 31 de agosto 2023, remitido por un funcionario de la Brigada de Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones de Punta Arenas. En aquel correo se remite un informe policial que da cuenta de intervenciones telefónicas a un celular por la causa llevada por el Equipo Conjunto de Investigación (Eci), con investigaciones en Chile y Argentina, en una causa relacionada a lavado de activos y contrabando. Con la escucha vigente se dio cuenta de una conversación con Rigoberto Marín que daba cuenta de un posible crimen de cohecho agravado.

En aquella conversación Marín solicitó $1.000.000 por apelar a la prisión preventiva de uno de los imputados y otro millón una vez que estuviera afuera. “Esta causa excede un poco de la defensa pública, entonces ¿existe la posibilidad de que usted pueda colocar algo de dinero?” se le escucha decir a Marín en la conversación y tras la respuesta afirmativa ofrecía su cuenta bancaria. “Esto requiere mucho más trabajo de lo normal, sino no va a salir bien”, con tono persuasivo complementaba el defensor público.

En otro caso, a un imputado afectado por una infracción a la Ley de Pesca se le asignó Marín como abogado, luego de que su abogada particular no pudo seguir con su caso. En su entrevista con Marín, le solicitó $500.000 para seguir tramitando la causa como abogado particular.

Otro de los casos fue presentado a través de una querella dirigida en contra de Marín, las que dieron cuenta de un total de $4.500.000 transferidos por representados del defensor público para distintas diligencias, como la contratación de un peritaje contable particular, y la tramitación de otras causas de manera más expedita.

Otros alcances

Fue en la querella presentada donde se mencionó el antecedente que dejó inhabilitada a la jueza que tomó el caso en primera instancia, Marianela Chacur, siendo ella reemplazada por el magistrado Jorge Lavín. Se citó que Rigoberto Marín indicaba a la jueza como su madrina y que dicho parentesco le permitía a él agilizar ciertos trámites para sus causas, por lo que cobraba un monto de $2.000.000, un servicio exclusivo.

Un antecedente relevante de la investigación fue revelado sólo tres días atrás, a partir de un correo electrónico del sumario administrativo interno que realiza la Defensoría Penal Pública. Se remitieron informaciones de una causa por manejo en estado de ebriedad del año 2015, donde el imputado de dicha causa estaría cumpliendo condena, además de otras dos causas por manejo y audiencia en mayo. “Dice que el abogado Rigoberto Marín le pidió $500.000 para dejar sin efecto la causa con la fiscal Carrasco”, leyó el fiscal Sebastián González durante la audiencia.

“Para efectos de consumar los hechos pone en tela de juicio a la jueza de Garantía de Puerto Natales (Marianela Chacur), pone en tela de juicio a la fiscal Lorena Carrasco. El señor Rigoberto Marín para efectos de concretar su delito, involucra a todos los intervinientes en la administración de justicia penal”, sentenció el fiscal González en la réplica del debate por las medidas cautelares.

Cautelares y próximas diligencias

Tras escuchar a los intervinientes, el juez Jorge Lavín desestimó la prisión preventiva sugerida por el Ministerio Público, en orden a la gravedad de los delitos y para mantener el resguardo de la investigación. En su lugar, se decretó el arraigo domiciliario con modalidad nocturna, arraigo nacional, prohibición de comunicarse con personas involucradas en la investigación y de acercarse al Centro de Detención Preventiva de Puerto Natales.

Por parte del Ministerio Público se solicitó ampliar el secreto bancario para analizar las cuentas de Rigoberto Marín durante todo el tiempo que se desempeñó en funciones, esto desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2023. Además se solicitó el peritaje del celular empleado por Marín como defensor público, para registrar mensajería, llamadas y otras informaciones. Ambas diligencias fueron acogidas por el tribunal.