Los 24 meses del Presidente magallánico en el Palacio de La Moneda

• Con  una coalición dividida, escasa ejecución de reformas estructurales, dos procesos constitucionales
  fallidos y varios “errores involuntarios” se coronan los 700 días de Gabriel Boric en el poder.

  Marcos Sepúlveda Loyola

Es el Presidente de Chile más votado de la historia republicana, sacó cerca de cinco millones de votos, triunfó en once de las 16 regiones y superó por más de un millón de sufragios al líder ultraderechista José Antonio Kast.

Conquistó el voto de la clase media con un programa de reformas transversales; prometió eliminar las AFP, condonar el Cae, pagar la deuda a los profesores, refundar Carabineros, no más pitutos…

Hubo centenares de chilenos que, entre enero y febrero de 2022, hicieron guardia en “La Moneda Chica” para contarle sus penas y amarguras al recién electo Presidente.

Llegó a La Moneda con un amplio respaldo ciudadano, pero con un parlamento en contra. ¿Sus compañeros? Un senador y 37 diputados eran de su coalición original, una incómoda alianza con la ex Concertación y una serie de puestos claves administrados por jóvenes cuadros del Frente Amplio, quienes en menos de cinco años de fundación como alianza electoral llegaron a la máxima magistratura.

Al magallánico los problemas le reventaron en la cara: crisis en La Araucanía; aumento de la inflación; un desempleo acercándose a los dos dígitos; bajas cifras de crecimiento económico; una migración ilegal descontrolada en Colchane; y un aumento histórico en delitos como sicariato y secuestro. 

Los problemas comenzaron el 12 de marzo cuando la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, y el subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi, visitaron la comunidad Mapuche de Temucuicui, de donde fueron expulsados a balazos por los indígenas. Este fue el inicio de una larga curva de aprendizaje que tiene al magallánico en la mitad de su periodo. 

4 de septiembre

La aplastante derrota del Apruebo el 4 de septiembre fue un duro golpe para Gabriel Boric, quien condicionó la implementación de su programa de gobierno al éxito de la Convención Constitucional. “Con la Constitución actual, muchas de nuestras reformas no se podrían llevar adelante”, decía, en junio de 2022, el ex ministro Giorgio Jackson.

La derrota del oficialismo superó todos los pronósticos de las encuestas, que indicaban que el Rechazo al texto, impulsado por la oposición derechista y un sector del oficialismo, ganaría por cerca de 10 puntos porcentuales. La creación de autonomías territoriales y sistemas de justicia para pueblos originarios, la eliminación del Estado de emergencia, las modificaciones en el derecho de propiedad pesaron más en los chilenos que tener la Constitución con más derechos del mundo.

“No puedes ir más rápido que tu gente (…) Tenemos que ir un poco más lento”, fue la lectura que el Presidente Boric realizó de la derrota que lo dejó huérfano de un proyecto político.

Dos días más tarde, sacó del gabinete a: María Begoña Yarza (Salud), Giorgio Jackson (Segpres), Claudio Huepe (Energía), Flavio Salazar (Ciencias) e Izkia Siches (Interior). En consejo de ministro aterrizaron Carolina Tohá, Ana Lya Uriarte, entre otros rostros cercanos al Socialismo Democrático; mientras que Jackson fue degradado al Ministerio de Desarrollo Social.

Caso indultados

El 31 de diciembre de 2022, a las 14 horas, el gobierno informó que indultaba a doce condenados por hechos de violencia durante el estallido social y un ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. La administración Boric había definido que se marginaran a personas que tuviesen antecedentes complejos previos al estallido, condición que no se cumplió en el caso Luis Castillo, quien tenía cinco  condenas, 26 causas judiciales y fue sancionado por Gendarmería durante su detención.

Estos datos desataron una crisis en el gobierno que terminó con la salida del jefe de gabinete, Matías Meza Lopehandía, y de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, quien fue incluso acusada constitucionalmente. “Hubo desprolijidades”, dijo Boric.

Caso convenios

Todo estalló con las revelaciones del medio digital de Antofagasta, Timeline, sobre la existencia de convenios entre la fundación Democracia Viva y la seremi de Vivienda de Antofagasta para proyectos de mejora en un campamento por $426 millones. 

Democracia Viva era liderada por Daniel Andrade, quien era pareja de la diputada Catalina Pérez, mientras que en Vivienda estaba el ex jefe de gabinete de la diputada, Carlos Contreras. Andrade y Contreras están acusados de tráfico de influencia y están siendo investigados por la fiscalía.

Democracia Viva dejó al descubierto un complejo entramado de fundaciones que recibían dinero vía trato directo por trabajos que no eran de su especialidad.  Según informes de la Fiscalía de Chile el monto de defraudación ascendería a $14 mil millones y estarían involucradas 53 fundaciones de Arica a Aysén. En los convenios se cuestionaron a los gobiernos regionales de Aysén, La Araucanía, Los Lagos, Biobío, Antofagasta, Atacama, Tarapacá, Arica y Parinacota y Maule.

Este caso tuvo en la cuerda floja al ministro de Vivienda, Carlos Montes, y significó la salida de la subsecretaria de la cartera, Tatiana Rojas, varios secretarios regionales ministeriales y algunos mandos medios en Vivienda.

“No tengan ni una duda de que no vamos a permitir que se sigan instalando malas prácticas. No se imaginan la rabia de ver que hay gente que se aprovecha de los recursos de todos los chilenos”, alegó el Mandatario.

Robo de computadores

“Soy Giorgio Jackson, sufrí un accidente en San Bernardo (…) Necesito que reúnan 50 computadores porque unos sobrinos van a ir buscarlo”, fue la orden vía telefónica que recibieron los guardias de Desarrollo Social, quienes al pensar que la orden era emanada por el ministro recolectaron los computadores. Cayeron en el cuento del tío. Los supuestos sobrinos se llevaron 23 aparatos y  sustrajeron una caja fuerte de la subsecretaría de Servicios Sociales en donde presuntamente se encontraban contratos de licitaciones.

A este robo, se sumaron los del servicio Mejor Niñez, las subsecretarías de: Patrimonio, Transporte y Trabajo. Quince fueron los equipos tecnológicos sustraídos.

La pericias quedaron a cargo de la fiscal Tania Sironvalle y aún no se sabe por qué ocurrieron estos hechos. En la Udi y RN apuntaron los dardos a Revolución Democrática, ya que algunas dependencias en que se han sustraído computadores eran lideradas por militantes de RD salpicados en el caso convenios. Incluso algunos fueron más allá y acusaron a Jackson de estar detrás del modus operandi del robo de computadores.

Caída de Jackson

“Doy un paso al costado tras constatar que mi presencia en el gabinete ha sido ocupada por la oposición política como una excusa para no avanzar en los acuerdos que Chile demanda”, dijo Giorgio Jackson, al momento de renunciar el 11 de agosto del año pasado.

El robo al interior de su cartera en medio de la indagatoria de la Fiscalía por el rol de Desarrollo Social en el caso convenios provocó una lluvia de peticiones de renuncia por parte de la oposición y de dirigentes del propio oficialismo. Desde la colectividad de Kast lo amenazaron con una acusación constitucional.

Fue el noveno ministro que sale del gabinete de Gabriel Boric y el segundo ministro que tuvo Desarrollo Social en menos de un año.

Su primera victoria electoral

El rechazo a la carta fundamental escrita por los Republicanos y Chile Vamos en el segundo intento constitucional fue un respiro para el gobierno, cuyos integrantes leyeron el resultado como una luz de esperanza. La protección al no nacido, la eliminación de las contribuciones, la constitucionalización de las AFP y la eliminación de la paridad de género fueron los polémicos artículos que decantaron a cerca de siete millones de electores a quedarse con la Constitución de la dictadura, la cual pasó a llamarse la “Constitución de Ricardo Lagos”, ya que él la modificó sustancialmente en 2005.

“El proceso constituyente estaba destinado a traer esperanza y finalmente ha generado frustración y hasta hastío en una parte relevante de la ciudadanía”, señaló el Presidente la noche del 17 de diciembre cuando el En Contra se impuso por 55% de los sufragios.

El plebiscito fue leído como una validación a la carta escrita en dictadura y una derrota para la clase política que fue incapaz de hacer un proyecto en que gran parte de los chilenos se sintiera representado. A  nivel electoral, el oficialismo vio que el país tiene un electorado que premia la moderación y el pragmatismo.

La administración Boric descartó un nuevo proceso constitucional. En el oficialismo, algunos hablaron que hasta 2030 el tema estaba cerrado.

Reformas estructurales

Por 73 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones que se sumaron a los sufragios negativos se rechazó la idea de legislar la reforma tributaria el año pasado, obligando al gobierno a postergar un año la discusión de uno de los proyectos insignes del Presidente magallánico.

La historia del rechazo de este proyecto está llena de fuego amigo, ya que su fracaso se debió a la ausencia de las diputadas Pamela Jiles, Mónica Arce y Viviana Delgado. Jiles estaba picada con la administración Boric por rechazar la idea del quinto retiro de las AFP, mientras que Delgado quiso castigar al gobierno luego de una tensa discusión con el entonces ministro de Educación, Marco Ávila, por la situación de un colegio en Maipú.

De la tributaria dependía el financiamiento  del aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), la reducción de las listas de los hospitales, los recursos para la salud primaria y el sistema nacional de cuidados. Querían recaudar el 3,6% del Pib, unos 10.000 millones de dólares, a través de la creación de un impuesto a las grandes fortunas, medidas contra la evasión y modernización de los procedimientos tributarios.

El 24 de enero de este año Gabriel Boric se anotó su primer triunfo en una gran reforma con la aprobación de la idea de legislar la reforma previsional, luego de diez años de intenso debate. Fue aprobada con 84 votos, en una jornada en que los parlamentarios de Demócratas, el Partido de la Gente y otras fuerzas minoritarias fueron claves.

En la votación en particular se cayó el dividir el 6% aportado por el empleador en 3% para capitalización individual y 3% para un fondo común que vaya en beneficio de los actuales jubilados.

Al “corazón de la reforma” se suma el rechazo de la solidaridad intergeneracional, la cotización voluntaria de trabajadores independientes, compensación por expectativa de vida para trabajadores a honorarios, la Autorización al Estado para desarrollar inversiones de fondos generacionales, el aumento progresivo al límite máximo imponible, entre otros temas.

El proyecto contempla la creación de un sistema mixto de pensiones, cambios a la forma de administrar los fondos, aumentar el aporte de la Pensión Garantizada Universal, reducir la tabla de mortalidad de los 110 años a los 85, entre otras.

A nivel legislativo. Boric cierra sus dos años de mandato con 49 leyes en seguridad aprobadas, 70 mensajes ingresados por el ejecutivo, 15 decretos aprobatorios de tratados internacionales y ninguna reforma estructural. 

Secuestro

Como si este resumen no fuera ya suficiente, a pocos días de cumplir dos años en el gobierno le sobrino el secuestro y asesinato del ex militar venezolano Ronald Ojeda, con acusaciones cruzadas sobre intervención del régimen de Maduro, el Tren de Aragua y complicidad de la propia administración chilena.