El embate de la Dipres que desestabiliza las municipalidades de Punta Arenas y Natales

Lucas Ulloa Intveen
[email protected]

Sorpresa e inmediatas reuniones fueron las primeras reacciones en las oficinas municipales de Punta Arenas y Puerto Natales ante la ordenanza efectuada el 4 de abril por la Dirección de Presupuestos, firmada por su directora, Javiera Martínez Fariña. El documento oficial indica que la Tesorería General de la República deducirá del Fondo Común Municipal a partir del mes de abril y hasta fin de año un total de $3.432.761.394 al municipio de Punta Arenas y $1.690.055.904 a Puerto Natales.

Las declaraciones de las autoridades municipales son contradictorias a lo que postula el gobierno. El seremi de Hacienda, Alvaro Vargas, postuló que “el proceso fue bastante conversado anteriormente, todos estaban al tanto de cómo era la ley y lo que pasó la última semana es que se les notificó del descuento que se les iba a hacer en el próximo pago”. Sin embargo, tanto el alcalde de Punta Arenas como la alcaldesa de Natales niegan algún tipo de acercamiento por parte de las autoridades y ambos señalaron que la situación fue completamente sorpresiva y arbitraria.

El seremi de Gobierno, Andro Mimica, explicó que “los montos de criterio que se firman antes de los seis meses del plazo que se debía cumplir para poder hacer los traspasos del Servicio Local de Educación Pública, por lo tanto son montos conocidos, es un contrato celebrado en este caso por el municipio, con montos establecidos de parte directamente del municipio”.

Sin embargo, nuevamente esto fue desmentido por los alcaldes implicados. El alcalde Radonich sostuvo que los montos “no dicen cómo se calculó, no dice quién lo calculó y lo que dice es que en horas más esto se va a hacer efectivo. Esta rapidez sorprende”.

Por otro lado, incluso sobre el argumento de fondo que motiva esta resolución de la Dipres, que es haber sostenido convenios con Sindicatos de Asistentes de la Educación seis meses previos al traspaso efectivo, esto igualmente fue negado por el alcalde Radonich. “Ningún convenio se firmó antes de los seis meses. Por tanto, son bastante más antiguos. Y los convenios colectivos son un derecho no solamente cuando convienen, sino siempre (…) nosotros vamos a asumir todos los recursos legales a una interpretación que a nuestro juicio es totalmente errada. Pero además de errada, yo busco el tema de las formas”.

“Debiéramos
cerrar la Municipalidad
de Puerto Natales”

El Fondo Común Municipal (FCM) está definido en la Constitución Política (Art. 122) como un “mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las municipalidades del país”. Si bien el descuento a la Municipalidad de Punta Arenas es perjudicial y equivalente a casi un 10% del FCM, para el caso de Puerto Natales el porcentaje es mucho más drástico y el descuento total correspondería casi a un 50% de los montos que recibe el municipio.

“Esta medida la desconocíamos. Nunca ha sido ni fue tratada el año 2023 ni hace algunos meses por ninguna autoridad a nivel nacional ni regional, lo que me parece lamentable”, inició señalando y aclarando la alcaldesa Antonieta Oyarzo sobre la resolución de la Dipres. “Nos llegó el documento ayer (jueves) en la tarde, el equipo municipal todos sorprendidos. Todos los municipios planificamos nuestro presupuesto el año anterior, por tanto esto nos afecta enormemente. Somos un municipio que tiene aproximadamente del FCM un poco más de $4 mil millones. Esto es casi un 50% de nuestro presupuesto. Debiéramos cerrar el municipio”.

Y sobre los impactos que genera esta medida para la capital de Ultima Esperanza, la alcaldesa de Puerto Natales insistió: “Debiéramos cerrar la Municipalidad de Puerto Natales. Es un desconocimiento total de lo que es el municipalismo. Como municipio, cuando ingresamos en esta administración ya teníamos problemas de liquidez y presupuesto. Esto podríamos haberlo conversado. Pero esta es una medida arbitraria, sorpresiva y jamás hemos hablado de esto antes de decidirlo. Y nos informaron cuando ya nos habían descontado; a nosotros fueron 51 millones de pesos”.